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Gabriela Sandoval
@Garbriela_Sxndo
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR-USA), El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y Nación Salvadoreña en el Exterior se reunieron el 1 de junio frente a la embajada salvadoreña en Washington, Estados Unidos, para rechazar la presidencia inconstitucional de Nayib Bukele.
“No reconocemos (su presidencia), ya que es el resultado de elecciones inconstitucionales e ilegítimas”, expresó CISPES mediante un comunicado.
Según la organización, la Constitución salvadoreña contiene varias prohibiciones a mandatos presidenciales consecutivos; esta incluso obliga a la “insurrección” si se viola el principio de alternancia en el poder. “Estamos aquí para demostrar que no todos los salvadoreños votaron por Bukele, a pesar de lo que él dice para justificar sus acciones ilegales”, dijo un vocero en la concentración en Washington, DC. “Como salvadoreños radicados en el área metropolitana de Washington DC, nos unimos a la jornada de repudio internacional de la dictadura del clan Bukele (…) a partir del 1 de junio el pueblo salvadoreño enfrenta un gobierno de facto encabezado por Nayib Bukele, esto representa un golpe en el cambio democrático del país”, agregó un vocero del BRP en Washington.
De la misma manera, el Comité de Solidaridad con El Salvador en México decidió manifestarse frente a la embajada de El Salvador en Ciudad de México, donde expresaron su descontento con el nuevo mandato de Bukele, al que señalaron como “un régimen antidemocrático que descansa en el fraude, la represión, la persecución política y la corrupción. Un régimen que desaloja y criminaliza a las mayorías trabajadoras, que busca saquear al país y su riqueza natural para su propio enriquecimiento y el de las grandes empresas extranjeras”.
Asimismo, organizaciones religiosas y de solidaridad de Washington DC, Chicago, Seattle, Los Ángeles, San Francisco, Ottawa, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Oslo manifestaron su “indignación por abusos sistemáticos del estado de excepción”.
De acuerdo con las organizaciones, son 80,000 las personas detenidas sin orden judicial, y otras 300 muertas bajo custodia, además de la persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
En ese sentido, Consuelo Gómez, coordinadora de MOVIR-USA y madre de dos hijos “desaparecidos” en las cárceles de El Salvador, calificó como una “vergüenza” que EE. UU. participara en la toma de poder de Bukele, ya que, según Gómez, es de conocimiento del presidente Joe Biden la constante violación de derechos humanos en El Salvador.
“Sabemos que su gobierno tiene conocimiento del secuestro y las muertes de nuestros hijos y familias en las cárceles de Bukele, y nos avergüenza que su gobierno decidiera participar en la toma de posesión de un nuevo dictador en El Salvador”, mencionó.
Las organizaciones también denunciaron las “desapariciones forzadas” bajo el régimen de excepción, homicidios y la violencia contra mujeres afrodescendientes y comunidad LGBTQ+.
“Denunciamos las desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción y el incremento de desapariciones y homicidios que el gobierno de Bukele oculta para promover una imagen falsa de un país seguro; y la violencia contra las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes y LGTBQ+”, puntualizaron.
En cuanto a la detención de los siete dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, CISPES consideró que los veteranos capturados “reflejan la represión que vivió el pueblo salvadoreño durante los años del conflicto armado, que obligaron a miles de salvadoreños, incluidos muchos de nosotros y nuestras familias, a huir de El Salvador a ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo”. Por ello, exigieron la liberación inmediata de los veteranos capturados. En este contexto, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), en la resolución del 31 de mayo, solicitó a los gobiernos del mundo que “suspendan todo apoyo militar y financiero a un régimen que mantiene un estado de excepción permanente contra la población”.
“COPPPAL se pronuncia por el retorno de El Salvador al ordenamiento constitucional y democrático, exhorta a los gobiernos y a las fuerzas democráticas y progresistas del mundo a proceder conforme a las normas del derecho internacional democrático, desconociendo al gobierno de facto, pronunciándose por la restauración democrática y suspendiendo todo apoyo militar y financiero a un régimen que mantiene a la ciudadanía bajo un estado de excepción permanente”, señaló.
Finalmente, Ana Sol Gutiérrez, de la Nación Salvadoreña en el Exterior, sugirió “a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a no reconocer al gobierno de Bukele, que llegó ilegal e inconstitucionalmente al poder”.
