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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Tenemos muchas expectativas. Es la primera reunión con la comisión de Derechos Humanos y Justicia para debatir un anteproyecto de ley que presentamos hace un año”, explicó Eduardo García, de Pro-Búsqueda y del Grupo Gestor que busca la reparación a víctimas del pasado conflicto armado.
La Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado consta de nueve capítulos y 69 artículos que cubren medidas de reparación moral y material, por las graves violaciones a sus derechos humanos, que guardan entre sí la experiencia de torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, ya sea individual o colectivamente y que hayan sido registradas entre enero de 1970 al 15 de enero de 1992”.
“Necesitamos que la comisión legislativa de Derechos Humanos y Justicia entienda que los veteranos de guerra no son del pasado e igual las víctimas tampoco, y si a ellos les van a reparar, pues también es momento de hacerlo con las víctimas. No puede ser un país al revés, primero los victimarios y luego las víctimas”, consideró.
En cuanto a la postura de partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa en no apoyar iniciativas en el tema de resarcimiento moral y económico de las víctimas, García consideró que sería inadmisible este tipo de posiciones políticas.
“Esperamos que no nos salgan con preguntas estúpidas, de preguntar de dónde saldrá el dinero, cuando estamos presenciando un ambiente de corrupción general en todos los gobiernos pasados, o sea, hay dinero suficiente. Y que no traten de imponer otro silencio, otro perdón y otro olvido, porque ya está demostrado que la justicia y reparación es derecho constitucional”, afirmó.
El anteproyecto de ley articularía un censo de víctimas de ambos bandos del conflicto armado, una evaluación de los daños de su afectación y como tal, una reparación en la medida de su situación.
“Las víctimas son bondadosas con el presupuesto, solo quieren que les devuelvan lo robado, como sus tierras de donde fueron expulsados y les mataron su ganado, ellos quieren que les permitan resarcirlos. Así como a aquellos jóvenes que fueron desaparecidos durante el conflicto armado, que tengan la oportunidad de reconstruir su proyecto de vida y recuperen su identidad. Así como atención psicológica y psicosocial a las personas que sufren de trastornos emocionales por aquellas masacres”, puntualizó.
