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Oscar López
@Oscar_DCL
Miembros del Colectivo de Organizaciones Sociales observadoras del tercer Ciclo de Examen Periódico Universal (EPU) aseguraron que El Salvador reprobó dicho examen, debido a que cumplió pocas de las observaciones que le fueron hechas. “En el 2014, El Salvador recibió 159 recomendaciones, las que se comprometió a cumplir durante cuatro años y medio. El Salvador, dada la situación de los Derechos Humanos, no aprueba el Examen Periódico Universal porque, de 159 recomendaciones, no llega ni a 20
recomendaciones las que se logró cumplir”, dijo Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
El próximo 4 de noviembre, El Salvador será examinado en Ginebra, Suiza, por lo que el Colectivo espera que después de la tercera evaluación, los tres órganos de Estado, especialmente el Ejecutivo, tome medidas concretas para una efectiva promoción y protección de los derechos humanos en el país.
Entre las recomendaciones que se cumplieron están la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas, levantar las reservas a la Convención contra la Tortura, la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras.
El Colectivo consideró que para el cumplimiento de algunas de las recomendaciones únicamente hacía falta voluntad política, ya que no era cierto que el Estado no tuviera los recursos suficientes para hacerlo. “También es una responsabilidad de los otros órganos de
Estado, como el órgano Judicial en cuanto a la Ley de Amnistía, a la Asamblea Legislativa en cuanto a aprobar una ley o tratado o ratificar un protocolo”, explicó Baños.
El Colectivo realizó cuatro informes: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Derechos Civiles y Políticos, Libertad de Expresión, espacios democráticos y uno sobre temas relacionados a asuntos indígenas.
Los informes elaborados por el Colectivo de Organizaciones Sociales indican que la mayor concentración de las recomendaciones son deudas del Estado salvadoreño, en materia de Derechos Humanos.
