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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto al Centro de Derechos Reproductivos (CRR/por sus siglas en inglés) y Women’s Equality Center (WEC), demandaron del Estado salvadoreño acatar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
“El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, con respecto a la privación de libertad de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, exigió la liberación de las que aún se encuentran apresadas”, al señalar la responsabilidad de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Las organizaciones firmantes documentaron y presentaron -en julio de 2019- los casos de Sara Rogel, Berta Arana y Evelyn Hernández, mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, pero fueron detenidas de forma ilegal mientras estaban en el proceso de asistencia en centros de salud, para luego ser criminalizadas de manera injusta, vulnerando así su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, entre otras anomalías.
“Estas mujeres se encontraban en un grave estado de salud, habiendo sufrido fuertes hemorragias, cuando fueron denunciadas por el supuesto delito de aborto, y sin haber recibido la atención integral que ellas requerían, fueron detenidas sin orden judicial y acusadas por la comisión del delito de homicidio agravado o su alternativo de tentativa, sin investigación alguna o pruebas, por lo que pasaron directamente del hospital a la cárcel”, dijo Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria -que es la instancia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- se pronunció el pasado 20 de febrero, luego de conocer de estos tres casos, y recomendó al Estado salvadoreño “poner inmediatamente en libertad a estas tres mujeres” y entregar una reparación que ameriten por los daños psicológicos y emocionales generados.
Asimismo, sugirieron llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de estas detenciones y que se aplique un régimen de consecuencias para los responsables, llamando al Gobierno a que adopte las reformas legislativas y judiciales, así como las políticas públicas necesarias, para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Cifras estadísticas de las investigaciones realizadas por la Agrupación Ciudadana dan cuenta de que entre 1998, cuando entró en vigencia la ley que penaliza de forma absoluta el aborto, hasta 2019, al menos 181 mujeres han sido detenidas arbitrariamente y procesadas de manera ilegal por razones asociadas al aborto y emergencia obstétrica.
“El pronunciamiento y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones unidas, sobre los tres casos presentados, confirmó que en El Salvador se viola el derecho de estas mujeres a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser oídas, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a no ser discriminadas. Esto ocurre principalmente a mujeres que viven en situación de pobreza, discriminación y la marginación”, reafirmó.
En cuanto a estos casos, la Agrupación Ciudadana y las organizaciones firmantes resaltaron los casos de Sara, Berta y Evelyn, pues todos estos procesos se dieron sin una orden judicial, con el agravante de que carecieron de fundamento legal en razón del tipo penal que les imputaron y la prisión preventiva, que contraría al derecho internacional.
“En estos casos hay un notorio sesgo de género y condición socioeconómica, porque una vez que las mujeres fueron sometidas a juicio, el sistema penal dio pie a procesos parcializados en los cuales se les negó sus garantías procesales. Y esto fue confirmado por la opinión del Grupo de Trabajo del 20 de febrero recién pasado. Este nuevo pronunciamiento de instancia internacional debe ser escuchado por las autoridades del Estado salvadoreño”, indicó.
Sara Rogel García (22 años) detenida el 8 de octubre de 2012, aún guarda prisión; llegó al Hospital Nacional de la Mujer el 7 de octubre de 2012, proveniente de Cojutepeque, Cuscatlán, en grave estado de salud, luego de haber sufrido una fuerte caída que le ocasionó una emergencia obstétrica y que le provocó una severa hemorragia y desgarro. Sin importar su delicado estado de salud, quedó bajo vigilancia policial y la Fiscalía General de la República la acusó de homicidio agravado, presumiendo una culpabilidad sin prueba alguna. El 12 de septiembre de 2013, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó con una pena de treinta años de prisión.
Berta Arana (20 años) fue detenida el 24 de septiembre de 2013, guarda prisión luego de que sufriera un parto extrahospitalario, cuando se desempañaba como empleada del servicio doméstico y vivía en la zona rural de difícil acceso; mientras recibía atención médica de urgencia, fue detenida por la Policía Nacional Civil en el Hospital Nacional de Ahuachapán, bajo la presunción de que ella había provocado la emergencia obstétrica. La fiscalía la acuso de homicidio agravado en grado de tentativa, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán la encontró culpable y el 2 de julio de 2014 la condenó a quince años de prisión.
Mientras, Evelyn Hernández (18 años) detenida el 6 de abril de 2016, se encuentra en libertad provisional, luego de que presentaran un recurso de apelación a la sentencia de treinta años de cárcel del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán, anulada por la Cámara Primera de lo Penal porque la fiscalía no logró probar la comisión del delito de homicidio agravado y ordenó la realización de un nuevo juicio. Evelyn desconocía su estado de gravidez cuando sufrió la emergencia obstétrica y fue su madre quien la llevó de emergencia al hospital.
