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Organizaciones sociales y de derechos humanos piden al presidente Bukele “aplicar la normativa nacional e internacional sobre el derecho que tiene toda persona a defender derechos”. Foto Diario Co Latino/Archivo

Organizaciones exigen al Gobierno respeto y garantizar los derechos de la población

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Las organizaciones y redes de derechos humanos que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, a un año de la administración del presidente Nayib Bukele hicieron un llamado para “aplicar la normativa nacional e internacional sobre el derecho que tiene toda persona a defender derechos”.

La Asociación Pro-Búsqueda, DIKE LGBTI+, Colectiva Feminista, IDHUCA, FESPAD, Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos, MOMUJEST, APES, AMEYALLI, SSPAS, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Red PDH El Salvador y la Colectiva MPCTI, emitieron un posicionamiento frente a la situación de vulnerabilidad de la población en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en el territorio nacional.

“La Constitución de la República, en su artículo 73, inciso 2, reconoce dentro de los deberes políticos de la ciudadanía el de cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República. En la Declaración de Naciones Unidas A/RES/53/144 también se refiere a el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, señala la entidad aglutinadora de organizaciones pro derechos humanos.

La reacción de las organizaciones se enmarca por las más recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele, quien el 4 de junio, en cadena nacional, hizo referencia al primer año de  trabajo en materia de seguridad pública, y según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, “las mujeres están un 61 % más seguras”, por la baja de feminicidios en el país. No obstante, diversas organizaciones de mujeres y derechos humanos han documentado que durante la cuarentena domiciliar por el Coronavirus, aumentaron los casos de violencia contra las mujeres y en algunos llegando a los feminicidios.

“Señalamos nuestra preocupación que, desde el órgano Ejecutivo, pero más grave aún que desde la persona del señor presidente de la República, de manera pública, permanente y sistemática, se viertan expresiones de descalificación, deslegitimación y ataque a la labor individual o colectiva de promover y defender derechos humanos”, señala. “En las últimas cadenas de radio y televisión han sido evidentes estos ataques a organizaciones históricas en la promoción y defensa de los derechos humanos como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y la desacreditación al trabajo de organizaciones, redes y colectivas feministas y de defensoras de derechos humanos de las mujeres”, agregó la Mesa.

Asimismo, destacaron que este tipo de acciones desde representantes del Estado salvadoreño, solo abona a una visión de confrontación e incertidumbre en la población.

“Está abonando a una visión peyorativa, estigmatizadora, a través de un discurso de odio, incitando al uso de la violencia contra las personas defensoras y la labor de defender derechos humanos, lo que riñe con la obligación señalada en la Constitución de la República de procurar la armonía social, y conservar la paz, tranquilidad y seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad, y que está reconocido en el artículo 168, No. 3,  de la Constitución de la República”, manifestó.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos instó al presidente Nayib Bukele, a trabajar de manera abierta con todos los sectores de la población, con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.

“Con todo respeto, señor presidente, los derechos humanos así como las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, no somos enemigas del Gobierno, buscamos contribuir de manera desinteresada al desarrollo y vigencia de los mismos, en beneficio de la ciudadanía”, expresó la Mesa.

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