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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La entrega de la carta que contienen las demandas de diversos colectivos sociales, ambientalistas, de derechos humanos, mujeres e iglesias, en Casa Presidencial (CAPRES), fue el principal objetivo de la XXII edición de la Caminata Ecológica de El Salvador.
“Conmemoramos un año más de la Caminata Ecológica, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, ahora estamos llevando en esta carta nuestras exigencias al (Órgano) Ejecutivo”, dijo Adela Bonilla, del Equipo de Coordinación de la Caminata Ecológica.
“Hemos llevado nuestras demandas en otras ocasiones a la Asamblea Legislativa o al Ministerio de Medio Ambiente (MARN), pero ahora fue al Ejecutivo, porque sabemos que de allí emanan todas las decisiones políticas para bien o para mal del pueblo salvadoreño”, manifestó Bonilla.
Las organizaciones que conforman la “Caminata Ecológica” celebraron su vigésima segunda edición con el lema “Exigimos Justicia Ambiental para el Cuidado de Nuestra Casa Común”, con el objetivo de expresar la preocupación por la situación grave en materia de medio ambiente que impacta al país y por el cual pidieron “justicia ambiental”.
“Una de las principales temáticas que estamos abordando es debido a que el Ejecutivo, por parte del (partido) Nuevas Ideas, tiene la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Le estamos pidiendo que saque del archivo la propuesta de reforma constitucional del derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación”, agregó.
“Otra de las situaciones y señalamientos que van en la carta es que no se ha dado cumplimiento real a las leyes como de Medio Ambiente, la de Áreas Naturales Protegidas y de Riego y Avenamiento y otras más, entonces, creemos que deben aplicarse. Y queremos también que saquen del archivo legislativo para aprobar la Ley de Autonomía y de Seguridad Alimentaria y Nutricional que debe ir tomado de la mano con la prohibición de agrotóxicos”, sugirió Bonilla.
Bonilla agregó que la crisis socio ambiental que vive el país se manifiesta en que el 100% del agua superficial tiene un nivel de contaminación. A lo que se suma que muchos ríos importantes en el territorio nacional se encuentren dentro de una tendencia a convertirse en “quebradas de invierno”, y que no haya control en el cambio de uso del suelo , ya que más de 4, 500 hectáreas, al año, se han convertido en urbanizaciones ilegales y desordenas, que posicionan al país entre los primeros tres lugares en “vulnerabilidad” con un 88.7% del territorio nacional.
“Es una verdad obvia, no podemos ver un medio ambiente sano, con agua de calidad para todos y todas, sino se trabaja por el desarrollo sustentable de las poblaciones. Creemos que esta es una de las demandas que no solo es responsabilidad de este gobierno, sino que llevamos 22 años exigiéndola, y aún no se ha alcanzado, es por esto que caminamos un año más, porque estamos conscientes de la situación de vulnerabilidad”, sostuvo Bonilla.
Asimismo, Ariela González, abogada de FESPAD e integrante del Equipo de Coordinación de la Marcha Ecológica, sostuvo, que esta actividad reviste un carácter “histórico”, por las demandas más sensibles de la población en materia del medio ambiente y ecosistemas del país.
“La carta que vamos a presentar tiene una evaluación sobre el estado del medio ambiente nacional, pero con un enfoque de derechos humanos, como la crisis hídrica que actualmente está viviendo el país. Y también, la situación de los Pueblos Indígenas, en referencia al proyecto de una hidroeléctrica en el río Sensunapan, un río que debería contar ya con una protección cultural y ambiental por parte del gobierno”, señaló.
Y que por el contrario las medidas cautelares que fueron emitidas por la Cámara Ambiental, en favor de protección del río Sensunapan, que no han sido acatadas en su totalidad, que se asemejan a los permisos ambientales a empresas constructoras e inmobiliaridas que afectan los pocos bienes naturales que van quedando como ha ocurrido en la Cordillera del Bálsamo o en la zona Norte de la capital, con la Ciudad Valle El Ángel, de la familia Dueñas.
“Tenemos también la demanda sobre el temor que aún persiste entre la población y organizaciones ambientalistas que la minería metálica regrese al país, luego que el gobierno ha integrado una estructura de varios países a nivel de la región centroamericana que pretende la instauración de la minería metálica, son estos los tipos de demandas que llevamos en la carta que entregaremos al Ejecutivo”, explicó González.
En la Carta Pastoral, las iglesias históricas instaron a la ciudadanía a no dejarse llevar por el sistema que alimenta “una mentira de un dios falso”, que es la avaricia y la idolatría, y que no pueden despojar o destruir los bienes naturales en nombre del progreso de grupos de poder. “Nuestra Casa Común no es una mercancía para estar en venta, nuestra Casa Común no debe ser considerada como objeto desechable y descartable, sino como un bien que se nos ha prestado para administrar, cuida y proteger para heredar a nuestras futuras generaciones”, dijo el pastor Santiago Rodríguez.
Justamente, al defender el “derecho humano al agua” resaltó la grave situación en la que sobrevive la inmensa mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, que ante la carencia de agua saludable están violentando sus más elemental prerrogativa de un proyecto de vida digno.
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