Organizaciones exigen cese la persecución contra los cinco ambientalistas

Gloria Silvia Orfellana
@DiarioCoLatino

Representantes de diversas organizaciones, redes, comités, foros, mesas y alianzas se manifestaron públicamente y exigieron a la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial el cese a la “persecución penal” contra los cinco ambientalistas de San Isidro Cabañas.

“La audiencia preliminar debería dar por cerrado el caso y los líderes ambientalistas liberados definitivamente, este juzgado tiene la oportunidad de revertir esta persecución contra los defensores del agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, dijo Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud (FNS).

En efecto, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, Cabañas, realizará, en las instalaciones del Centro Judicial Integrado de la Corte Suprema de Justicia, en San Salvador, la audiencia preliminar con el fin de emitir una resolución que suspenda de manera definitiva o no, la acusación contra los dirigentes comunitarios Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES.

Los ojos del mundo están puestos en El Salvador por este caso y lo confirman los pronunciamientos de organizaciones, activistas, congresistas y académicos de decenas de países de todos los continentes.

“Entonces, sería bien visto si la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial atienden el llamado de hacer valer la legalidad y la justicia en este caso, porque el ente fiscal en el proceso de instrucción no encontró ningún elemento que demuestre la existencia de los delitos señalados”, reiteró Murillo.

Fiscalía General sin pruebas 

Vidalina Morales, directiva de ADES – Santa Marta, expresó que esperan el sobreseimiento definitivo para que puedan retomar sus vidas y sanar de manera integral los cinco ambientalistas que guardan prisión domiciliar

“El estado de salud de ellos está sin mayores complicaciones porque sus familias, principalmente, han sido quienes se han esforzado más, para que mejoren su estado de salud. Porque al salir de esas cárceles iban con serios problemas de saludm y si bien sus familias han estado muy pendientes, sólo han mejorado medianamente su estado de salud”, expresó Morales.

En cuanto a la Fiscalía General de la República, Morales manifestó que “no ha encontrado pruebas” que incriminen a los cinco ambientalistas en el hecho del que se les acusa, y, por el contrario, cuando en agosto del 2023 solicitaron 6 meses más para investigar, pero no aprotaron ninguna prueba más al expediente.

“La Fiscalía ha tenido el tiempo suficiente para encontrar las supuestas pruebas que esperaba encontrar y que no las encontró. Tienen un testigo de referencia que lo manifestado por escrito a la Fiscalía, en la primera audiencia el 19 de abril, se contradijo, no creemos que llegue con ese testimonio”, indicó.

Sobre el proceso de exhumación para encontrar a la supuesta víctima, e la Fiscalía pasó una semana realizando ese proceso en tierras comunitarias sin encontrar nada, agregó Morales. “Removieron tierra con retroexcavadoras y otra maquinaria pesada ¿cómo es posible que así busquen restos óseos?, fue un show”, reafirmó Morales.

Crecimiento económico no debe estar por encima de la vida

José Luis Magaña, representante de Panorama Económico El Salvador y de la Red Continental por la Paz El Salvador, reiteró el acompañamiento y apoyo a ADES -Santa Marta, al considerar que el proceso no tenía “sentido jurídico”, por todas las contradicciones observadas en términos judiciales.

“Lo que entendemos de todo este caso es que no hay una búsqueda de justicia, sino la pretensión de minar la capacidad de las comunidades en su resistencia a proyectos extractivos”, alegó Magaña.

El gobierno salvadoreño, en los últimos años se integró al Foro Gubernamental de Minería y Metales, lo que significa la reactivación de la Dirección de Minas e Hidrocarburos, que cuenta con un presupuesto de 4.5 millones de dólares, manifestó Magaña.

“Esa Dirección de Minas e Hidrocarburos ya hablaba de reformas a la Ley de Prohibición de Minería Metálica, entonces, todas estas señales -nos dicen- que el caso que se ventila ahora no tiene sentido jurídico, sino político, y el tribunal debería desistir y cerrarlo. Claro, si trata de mantenerse apegado a derecho”, sostuvo.

El crecimiento económico no puede estar por encima de la defensa de la vida, y lo que estamos viendo en el caso de ADES y la Comunidad Santa Marta es justamente la defensa por el agua, por los territorios y no puede ser de que la búsqueda egoístas de cifras macroeconómicas esté por encima de la defensa de la vida, aseveró Magaña.

Dignidad y justicia para los acusados 

“Trabajamos por los derechos humanos, y la violación a los derechos son bastantes en el país, cuando tenemos comunidades sin agua, sin servicio de salud, sin escuelas o sin calles accesibles. Son personas que están siendo violentadas constantemente y esto ha sido por años”, explicó Alberto Velásquez Trujillo, director de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA).

COFOA también se adhirió a la defensa de los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES, que fueron detenidos arbitrariamente en un “proceso amañado”, y por la firme convicción que este proceso penal mostraba un total “rechazo político” al movimiento social salvadoreño.

“Yo invito de mi parte, como comunidades de la fe, a otras organizaciones a sumarse y trabajar unidos en la defensa de los derechos humanos. Y exigimos también la liberación de estos hermanos y compañeros que ahora están en arresto domiciliario para ser sobreseídos de forma definitiva, y su hoja de vida quede limpia”, indicó.

Y todas aquellas personas que fueron capturadas por el Régimen de Excepción, siendo inocentes el Estado debería indemnizar por el daño causado, agregó el representante de COFOA.

Lo mismo pidió Velásquez para los ambientalistas de ADES, para que puedan retomar de nuevo sus vidas y que sus casos sean eliminados totalmente del sistema judicial, porque esa mancha puede perjudicar a cualquiera aún de los que estámos aquí.

ADES- Santa Marta el caso simbólico

Amalia López, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, recalcó que este manejo manipulado del proceso judicial en el caso de los cinco ambientalistas es un llamado de atención para unificar esfuerzos desde el espacio cívico, al activismo social y la participación ciudadana.

“Hay diversas capturas a través del régimen de excepción, y los más graves han sido los asesinatos recientes de personas defensoras en el país. El caso de Santa Marta y ADES está relacionado con el mayor revés a grandes empresas extractivistas que perdieron la demanda internacional de una transnacional minera (Pacific Rim/Oceana Gold)”, mencionó.

“Creemos que el sistema judicial no sólo debe desistir de este caso de los cinco ambientalistas ante falta de pruebas. El Estado salvadoreño está en la obligación de proteger el trabajo de las personas defensoras del país. Porque en este caso no hubo crimen de guerra, sino una revancha a  la labor que Santa Marta, realiza en defensa del derecho a la vida y de un ambiente sano”, concluyó López.