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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Organizaciones ambientalistas exigieron al Estado Mayor, voluntad política para frenar la a quienes mediante proyectos de diversa índole cometen graves depredaciones al medio ambiente y recursos naturales del país.
Esta exigencia se da en ocasión del Día Mundial de la Tierra, por lo que los colectivos socio ambientales hicieron hincapié en los limitados recursos con que el país cuenta en materia de cobertura arbórea.
Según señalan ésta se encuentra en un 37.5 % incluyendo bosque latifoliado, manglares y bosques ribereños, coníferas y cafetales bajo sombra, lo cual implica mayor urgencia por protegerlos.
Para Luis González, miembro de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES), otro de los aspectos importantes que muestran el impacto negativo que los depredadores ambientales provocan a los recursos naturales, es la calidad del agua con que se cuenta en el país.
“Además de la falta de acceso al agua que afecta al país y se manifiesta tanto en la zona urbana como rural por medio de manifestaciones, también existe una falta de calidad del agua donde ya el Ministerio de Medio Ambiente, planteaba que de los 55 ríos monitoreados el 73 % cuentan con regular calidad, 17 % mala y 5 % pésimas, no tenemos agua excelente”, dijo González.
El representante de UNES afirmó que a juicio de las organizaciones ambientalistas, es preocupante la grave crisis en materia de agua, suelo y biodiversidad y la falta de acciones gubernamentales destinadas a enfrentar la problemática.
Para la UNES el desarrollo de algunos proyectos urbanísticos, viales y de construcción de cementerios en el país afectan el acceso al agua de la población y la calidad del vital liquido, afectaciones a los recursos naturales a las que se suma el cambio climático, que exacerba todos estos impactos en los medios de vida de los salvadoreños.
En base a lo anterior, organizaciones socio ambientales como UNES y ADES, demandaron del gobierno central a través de sus ministerios, mayor seguimiento y control de los permisos brindados sin verificar que se ejecuten según su planeación, además de la persecución y sanción de empresas e industrias que violentan la ley.
Para dichos colectivos, la Asamblea Legislativa, es el órgano que presenta una mayor deuda en temáticas ambientales ya que hasta el año 2012 inició la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas, seis años después de su presentación y que a pesar de la grave crisis de agua aún se encuentra en estudio sin avances significativos.
“En cuanto a la Fiscalía General de la República, vemos una negligencia en querer judicializar aquellos casos vinculados al ambiente, pero lo ideal sería que todos aquellos casos donde hay depredación ambiental sea judicializado”, consideró González.
Las organizaciones ambientalistas sostuvieron que todas las instancias gubernamentales en el país, deben apostar por la sustentabilidad ambiental y rechazaron todos los proyectos que degradan el medio ambiente nacional.
