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Oscar Martínez
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Representantes de las Organizaciones de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, exigieron recientemente al Estado salvadoreño el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que entró en vigencia a inicios de este año 2021, y en la que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, colocándolas en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes del 89”, ALGES, CESTA/CUDIPD, la Asociación Los Angelitos, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, Mujeres Ciegas de El Salvador, AMUSES, ASPCDIMSI, FUNRETT, ANCIESAL, AFAPDIM, ADSES y APDIMPCI, por medio de su vocero oficial Mauricio Villanueva, exigieron a la Asamblea Legislativa la armonización de las normativas nacionales conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con discapacidad, la vigilancia de la asignación presupuestaria a las instituciones del Estado para que cumplan la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, le piden que adopte medidas concretas para el buen funcionamiento del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con discapacidad, CONAIPD y la elaboración de la Política Nacional de Inclusión y los reglamentos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión.
Así mismo, exigen una asignación presupuestaria, la implementación de una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad con el fin de generar la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional, una educación inclusiva, el cumplimiento del derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en ámbitos públicos como privados, entornos laborales inclusivos, con dignidad, accesibles y sin discriminación, así como el desarrollo de programas culturales y deportivos en las zonas rurales del país, la garantía del acceso a la justicia, el reconocimiento de la capacidad jurídica principalmente mujeres y niñas con discapacidad.
