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Samuel Amaya
@Samuel Amaya98
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibió a representantes de organizaciones de la sociedad civil para que brindaran aportes respecto a la Ley de Justicia Transicional que la instancia legislativa está próxima a crear.
La primera organización en comparecer fue la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”. Su representante legal, Alejandro Díaz, sostuvo que Tutela Legal trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, esencialmente en la lucha contra la impunidad y rescate a la memoria histórica. Además de acompañar los procesos internos e internacionales en favor de las víctimas.
Díaz agregó que en el tema se ha avanzado un poco, “pero no se ha podido responder a las víctimas, no hubo acompañamiento en el pasado. No podemos dejar de lado a los autores intelectuales de los crímenes”. Además, planteó que es importante robustecer las leyes para que se cumpla la obligación jurídica sobre la proporcionalidad de las penas.
“Los casos de masacres cometidas en el conflicto armado no pueden quedar impunes. Se debe sancionar a los autores intelectuales. La ley debe tener penas carcelarias para los que cometieron esos crímenes”, resaltó Díaz.
El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio González, sostuvo que no existe el perdón para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. “El parámetro que está es cárcel, independientemente el estado del victimario”. Según comentó, se debe garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad cumplan la pena “de cualquier manera”, en ese sentido sostuvo que “la justicia debe ser transicional y no restaurativa”.
González expresó que la ley sobre la justicia transicional debe incluir la tipificación de los delitos. Además, la parte de la recepción de pruebas es fundamental para esclarecer cada uno de los casos. Uno de los factores importante que podría tener el nuevo marco normativo sería la existencia de tribunales especializados para evitar la mora judicial sobre estos casos. En el apartado de las sanciones dentro de la normativa debe integrar dos tipos de responsabilidades: la penal y la civil, para los victimarios; es decir, que el hechor o el autor intelectual, pueda ser cancelable y una multa económica.
Tutela Legal solicitó que en el proceso para elaborar la Ley de Justicia Transicional participen asociaciones, comités de víctimas del conflicto armado y organizaciones de Derechos Humanos que las representan en procesos judiciales e internacionales dentro de un proceso amplio, transparente, representativo y participativo.
Además, que se tome como base el anteproyecto de la ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado presentada el año pasado por organizaciones sociales. También, la normativa deberá cumplir con los pilares que ya han manifestado, como garantías de la verdad, dignificación, memoria histórica, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y por último que se cree un fondo de reparación y medidas integrales para las víctimas del conflicto armado que cuente con fondos erogados del presupuesto general del Estado.
La otra organización invitada fue la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado (Pro-Búsqueda) que surgió por esas madres y familiares cuyos hijos les fueron arrebatados de sus brazos debido al conflicto armado.
El director de Pro-Búsqueda, Eduardo García, comentó que muchas organizaciones que están integradas por víctimas del conflicto armado han estado desamparadas por muchos años, las personas perdieron la confianza en el Estado porque ningún gobierno del pasado y el actual les ha acompañado.
Según la institución, son 1,026 casos de desaparición forzada de niñez desaparecida, durante el conflicto armado, de los cuales, ya se resolvieron 463 casos. El 18.8% han localizado fallecidos y el 80% de los casos fueron encontrados con vida, “somos una organización que buscamos vida”, destacó García. De esos casos, el 78% son imputables al Estado (Fuerza Armada), el 7% son responsabilidad de la exguerrilla y sin determinar tienen un 16%.
Pro-Búsqueda sostuvo que es importante que en la Ley de Justicia Transicional se tome en cuenta los testimonios de las víctimas del conflicto armado, ya que hubo diferentes contextos que en algunos casos no existe documentación, pero sí el relato de los padres que les arrebataron a sus niños.
Por su parte, los legisladores afirmaron que seguirán escuchando a diferentes actores para la construcción del marco normativo. “Para nosotros, el daño que se ocasionó en el conflicto armando fue grandísimo y la población todavía lo resiente”, expresó la presidenta de la comisión, Rebeca Santos.
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