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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Así como frenamos la privatización de la salud y así como logramos una Ley de Medicamentos -que regula los precios- les vamos a corregir la plana (a la comisión Medio Ambiente y Cambio Climático) con la Ley del Agua”, dijo contundente Margarita Posada (APROCSAL).
Los mensajes vía Twitter que días atrás colgó la diputada Martha Evelyn Batres (ARENA), anunciando que reinicia la discusión de la Ley General de Agua, bajo ciertas condiciones que incluye una “Hoja de Ruta”, generó el rechazo inmediato de las organizaciones de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
En cuanto a los comentarios de la diputada Batres, sobre “no politizar la discusión” de la ley, Margarita Posada enfatizó que el tema del agua está vinculado a lo púbico porque será una “política pública”, y al garantizar su acceso se convierte en la validación del derecho humano al agua de toda la población salvadoreña.
“Este tema entra en una agenda política, y como Alianza contra la Privatización del Agua es significativa esta lucha, porque nos han expulsado literalmente de la Asamblea Legislativa, cuando ejercíamos una contraloría social en septiembre del año pasado, y aclaramos que, aunque se nos permitió ingresar de nuevo, esto no se trata de que ellos (diputados) nos den un espacio, sino que reconozcan que nosotros estamos dando seguimiento a la discusión de una ley para la población; de la cual tenemos puntos que consideramos no vamos a ceder por ser innegociables. Toda esta defensa será en la Asamblea y en los territorios, para que la población demande que la discusión por la Ley General del Agua cuente con un enfoque de derechos humanos y no mercantilista”, explicó Posada.
La crisis del agua manifestada en las últimas semanas con mayor intensidad, ya sea por la falta del vital líquido o por venir con colores y olores fuertes, en sectores populosos como los municipios de Mejicanos, Soyapango, Ilopango, Apopa, Santa Tecla y San Martín, entre otros territorios, ha fortalecido los argumentos de la sociedad civil organizada de la “urgencia” de una Ley General de Aguas, para la regulación de la cantidad y el uso del recurso hídrico. Luis González (UNES) señaló, además, que luego de nueve meses sin tocar el tema de la Ley General del Agua, en el seno de la comisión legislativa, pese a los claros inidicios de una crisis hídrica, es deplorable que hayan tomado decisiones como la de descartar los 92 artículos ya consensuados de un anteproyecto anterior, para introducir una nueva propuesta, manufacturada desde la empresa privada.
“Se planteó la Hoja de Ruta, por la diputada Martha Evelyn Batres, que hizo mucha gala y pompa de sus planteamientos y retoma que esta discusión tendrá tres elementos característicos en su desarrollo: el contenido de la ley se llevará a un equipo técnico y esto será privado; segundo, lo único que será público es la votación, en donde la derecha lleva amplia ventaja porque han votado anteriormente por una administración privada y, por último, pese a las reiteradas observaciones sobre los aportes que provengan desde la ciudadanía, organizaciones e instituciones son de gran valor al debate público, simplemente la Hoja de Ruta no lo contempla y estos espacios son necesarios para garantizar una ley que favorezca a toda la población”, afirmó González, añadió estar conscientes como alianza de que este tiempo es preelectoral; por tanto, la primera exigencia a los diputados y diputadas que conforman la comisión legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático era “no convertir en tema político el derecho humano al agua, para ganar votos”.
En cuanto a la crisis del agua en territorio nacional, Adela Bonilla, de la Alianza contra la Privatización del Agua citó el contenido de una investigación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que muestra que para el año 2030 se tendrá la disposición de un 82 % menos de agua, de lo que actualmente se cuenta que impactaría de inmediato a la población.
Asimismo, lamentó que en la aprobación del Presupuesto General de la Nación, presentado por el Ejecutivo, se permitiera menos financiamiento, como los 3.88 millones de dólares menos que recibió esta cartera de Estado; mientras se asignó 7.7 millones dólares a gastos publicitarios y otros 83.98 millones de dólares para los gastos injustificados del Gobierno; decisiones que no corresponden a la realidad que enfrenta la población.
“¿Cómo cree el presidente Frederick Benítez (ANDA) que vamos a estar tomando esas agua con mal olor, cuando nos han enseñado desde parvularia que el agua tiene sus propias características? Claro, pero no todos recibimos así el agua, como los empresarios que embotellan el agua; entonces, por qué la población debe abastecerse de esta agua con mal olor y sabor, porque no tienen el $2.50 que vale el garrafón; entonces son incoherentes las declaraciones del presidente de ANDA, esto no es justo”, sostuvo.
