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@BeatrizCoLatino
Las organizaciones sociales, there académicas y de medios comunitarios integrantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), medicine exigieron ayer al fiscal general Luis Martínez, que se pronuncie ante la supuestas irregularidades en el otorgamiento de concesiones del espectro radioeléctrico.
Las organizaciones presentaron el pasado 10 de junio una solicitud de aviso o de investigación sobre cómo habían sigo otorgadas las concesiones en administraciones pasadas de la SIGET, sin embargo, cuatro meses después se desconoce si la petición se archivó o si se abrirá un proceso de investigación.
Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, aseguró que luego de cuatro meses no “han visto ninguna señal, ningún indicio de que el fiscal esté realizando la investigación que se solicitó”.
Ante la poca información y basados en el artículo 17 del Código Procesal Penal, se está solicitando que el fiscal se pronuncie.
“Según el Código Procesal Penal, a partir de que nosotros le solicitamos se pronuncie, tiene cinco días hábiles para hacerlo”, explicó Herrera.
De acuerdo con el aviso de las organizaciones, se pidió que se investigue la actuación de las diferentes administraciones de la SIGET, porque en las diferentes administraciones consideran que se “cometieron irregularidades”.
Las organizaciones han criticado la administración de Astor Escalante por el traspaso de canal 37 al 11, también consideran que en la administración del ex director Fernando Arguello Téllez, cuando se entregaron ocho concesiones de televisión, se cometieron irregularidades.
Datos en poder de los solicitantes indican que se entregó esas concesiones sin licitación como lo ordena la ley y se otorgó a un “testaferro”.
El “testaferro” habría pagado cerca de 250 mil dólares por ocho canales de televisión, cuando ARPAS compró su frecuencia en subasta pagó 400 mil dólares, critican.
Además, esos canales fueron otorgados hace cinco años y hasta hoy ninguno funciona.
El reglamento de Telecomunicaciones indica que todo propietario de un canal televisivo tiene el periodo de un año, a partir de su adquisición, para ponerlos a funcionar.
Según las organizaciones, esos canales habrían sido comprados por la familia Eserski la más poderosa del país, a través de testaferros, pero hasta hoy ellos tampoco afirman o descartan.
La Fiscalía informó hace algunos meses que inició un proceso de investigación de oficio sobre la subasta de seis canales de televisión y el traspaso de frecuencia del canal 37 al canal 11. Ante eso es que se solicitó que se investigará más, extensiva a otros funcionarios.
Sin embargo, la Fiscalía no se ha pronunciado por el aviso del 10 de junio, explicó Oscar Campos, de ISD.
El fiscal tiene cinco días para contestar, de no hacerlo, se puede presentar otro escrito en dónde él puede decir que existe prórroga de tiempo o la acción puede incluso llegar a convertirse ya no en una acción pública, sino privada.
“De allí nosotros si encontramos alguna irregularidad, delito como tal iniciar una acción en los tribunales”, explicó Campos.
El abogado de ISD reconoció que de parte de la Fiscalía hubo una reacción inmediata en las investigaciones que se iniciaron en el mes de junio, con el tema de canal 37 a 11, y ahora que se solicita que la investigación sea más amplia “vemos que ya no hubo esa reacción”.
Mientras que Omar Serrano, vicerrector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), aseguró que se debe de dar una explicación por parte del ministerio público.
El tema de las concesiones está en la agenda pública, los mismos medios tradicionales se encargaron de ponerla y “están hablando sobre ella”.
“Nosotros creemos que a lo largo de la historia existieron una serie de adjudicaciones que no responden a los parámetros legales que tiene el país, uno de los casos más emblemáticos fue el del fugaz superintendente Astor Escalante, pero también en el 2009 el ex superintendente de turno adjudicó siete canales que eran de uso privado, los dio para trasmisión al aire”, recordó Serrano.
