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@JoakinSalazar
Más de ocho décadas han pasado desde que el Gobierno de Maximiliano Hernández Martínez realizó uno de los etnocidios más recordados a nivel mundial, site por eso, diversas organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios exigieron que se reivindiquen los derechos y se reconozca del sector.
El 22 de enero de 1932 la historia de la población indígena salvadoreña cambió radicalmente, debido a la masacre de más de 30 mil indígenas, que llevó a los pueblos originarios casi a la extinción.
83 años han transcurrido desde la consumación del hecho que marcó la historia sangrienta salvadoreña, después de décadas en el olvido, y no fue hasta el gobierno de Mauricio Funes 2009-2014 cuando las autoridades han reconocido la existencia de los pueblos originarios, mismos que ahora son reconocidos por reforma constitucional.
Ante estas acciones, diversas organizaciones de pueblos originarios y de derechos humanos exigieron que se de apertura al sector en temas como acceso a tierras y ser incluidos para la construcción de políticas dirigidas al sector.
Entre las organizaciones que exigieron la aplicación de derechos a indígenas salvadoreños se encuentran: Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, Fundación Feliciano Ama, Red Nacional de Mujeres Indígenas de El Salvador, Asociación Nacional Indígena Salvadoreña.
Las organizaciones celebraron que hoy en día el sector indígena tiene apertura dentro de la sociedad, pero temen quedar en el olvido tras la falta de la existencia de políticas que den beneficios a la población.
“Celebramos los avances que se han obtenido por parte de los gobiernos de izquierda, como la inclusión de los pueblos originarios en la constitución de la República el pasado 12 de junio, no obstante, reconocemos que existen retos y desafíos que como gobierno y pueblos indígenas deben superarse “, explicó Juliana Ama, de la Fundación Feliciano Ama.
De acuerdo a las organizaciones los retos y desafíos por superar es la visión paternalista y folclórica, la cual limita el desarrollo de vida de los pueblos originarios.
Asimismo, las autoridades de las organizaciones exigieron que se detenga el uso, comercialización y folclorización de los pueblos indígenas desde las Instituciones del Estado.
Dichas organizaciones se hicieron acompañar de la Procuraduría Para la Defensa de Los Derechos Humanos (PDDH), las que hicieron llamado al Estado salvadoreño para reconocer los hechos ocurridos en 1932 y hacer valer los derechos fundamentales de la personas indígenas.
El Procurador David Morales reiteró su compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas al reconocimiento de la verdad histórica de todos los hechos que describieron el etnocidio sucedido en 1932, así como el acceso a la justicia que aún sea materialmente posible de realizar.
