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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Queremos justicia, porque cuando se hace justicia viene la verdad. Porque, de no haber verdad, nunca va a vivir en paz este pueblo”, dijo Sofía Hernández, del Comité de Madres de Presos y Desaparecidos del Conflicto Armado.
Señaló que el Estado salvadoreño ha “violentado los derechos de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado” y reseña que, si bien el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños está dentro de un proceso de investigación penal, aún existen miles de actos arbitrarios, violentos en donde desaparecieron a miles de personas y que no han obtenido justicia, cuatro décadas después del conflicto armado.
“Hemos visto cómo no dejaron entrar al juez a la Fuerza Armada y hemos presenciado cómo atacaron a los abogados que defienden los derechos de las víctimas. Es injusto que el gobierno actual no tome en cuenta que cuando estuvo con las víctimas de El Mozote, en un almuerzo, les dijera que iba a abrir los archivos de la A a la Z, pero ahora somos testigos de cómo agredió al pueblo”, relató Sofía.
José Lazo, activista de Pro Búsqueda consideró: “La impunidad en El Salvador ha sido promovida desde la misma institucionalidad del Estado”, en el pronunciamiento público, ante los últimos acontecimientos de obstaculización a la inspección judicial de los archivos militares y las agresiones verbales y físicas a los abogados de la parte acusadora en el Caso de la Masacre de El Mozote, por supuestos exsoldados, el 21 de septiembre pasado.
El Grupo Gestor para la Aprobación de una Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado se pronunció ante lo que consideran una grave situación de irrespeto a los derechos humanos de la población e instaron al presidente, Nayib Bukele, a dar cumplimiento de manera inmediata a las diferentes resoluciones judiciales.
“Rechazamos de manera contundente la actitud de desobediencia de forma recurrente por parte de la Fuerza Armada y por tanto del presidente de la República y comandante de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele, al negarse a entregar información relativa al caso de la Masacre de El Mozote, dicha acción evidencia una continuidad de la impunidad en casos del conflicto armado”, afirmó.
Asimismo, señalaron también que la Asamblea Legislativa se encuentra en deuda con las víctimas sobrevivientes y familiares, que no han cumplido con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que ordena emitir una Ley de Reconciliación Nacional para Víctimas del Conflicto Armado, que mandata la verdad, justicia, reparación y las medidas de no repetición y las víctimas siguen esperando.
Eduardo García -director de Pro Búsqueda- agregó que las consecuencias de esta desobediencia de una diligencia judicial, entre las organizaciones internacionales de derechos humanos, le traería problemas como ya lo hizo la OEA y la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), que expresaron su preocupación por los sucesos que están aconteciendo en materia de derechos humanos. “Ya expresaron ambas instituciones su preocupación ante la ocultación de crímenes de lesa humanidad, cometidos en la Masacre de El Mozote, y la CIDH ha denunciado al Estado salvadoreño también, por el atropello cometido contra el órgano de justicia, al no permitir cumplir una medida ejecutoria por parte del juez de San Francisco Gotera (Morazán), y ese irrespeto a la normativa vigente a la constitucionalidad del país y la democracia va a generar que la gente hará lo que le venga en gana, sin atenerse a ninguna ley, que es lo que pasó hace 30 años”, reseñó García.
En cuanto a la reprogramación de las diligencias judiciales en los archivos militares en el Estado Mayor, para el próximo 5 de octubre, que anunció el juez de instrucción, Jorge Guzmán, de San Francisco, Gotera, Morazán, Héctor Carrillo señaló que es importante porque, además de realizar la inspección, también el Gobierno tendrá que entregar un informe completo del porqué de la obstaculización de la orden judicial.
“El juez también ha pedido que manifiesten que las declaraciones que le dieron al juez Guzmán, al momento de tratar ingresar al Estado Mayor, es la posición oficial del presidente de la República y el ministro de la Defensa. Esto se ha hecho con la intención de deducir, si existieron conductas delictivas y de parte de quiénes, o fue el ministro Merino Monroy o el oficial que recibió al juez Guzmán”, explicó Carrillo.
El acceso a los archivos, agregó, es una cuestión de “ética y moral”, que se enmarca en el respeto a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, que el Estado salvadoreño está comprometido a garantizar.
“Un estadista debe cumplir con su palabra, porque es una cuestión de honor y no es posible que a estas alturas se siga con la dinámica de incumplimiento a los compromisos adquiridos, cuando lo estime necesario. Porque los actores políticos deben ser congruentes con las promesas y, al prometer abrir los archivos militares, debe cumplir. Así como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, hay una resolución del Juez de Instrucción que investiga el caso de El Mozote, entonces debe cumplirse; si no respetamos el ordenamiento jurídico, podemos caer en gobiernos totalitarios y tiránicos”, puntualizó.
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