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Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
Más de 60 organizaciones feministas y de mujeres, durante la campaña electoral y durante el 8 de Marzo, han demandado el carácter laico del Estado, como una condición necesaria para poder avanzar en un reconocimiento efectivo de sus derechos.
En el documento “Nada sobre nosotras, sin nosotras”, plantearon a los candidatos presidenciales y ahora al Presidente electo, una serie de demandas sobre el carácter laico del Estado; básicas, no solo para las mujeres sino para toda la ciudadanía, por lo que las quiero retomar y compartir, algunas de ellas.
Garantizar el carácter laico de la educación en el sistema público de enseñanza, en cumplimiento a la Resolución 22-2011 de la Sala de lo Constitucional, que dice: “el Estado no pueden imponer ninguna visión particular del bien, de la espiritualidad o de la moral religiosa”. Debiendo garantizarlo, desde preescolar a la Universidad, no impartiendo contenidos ni realizando rituales religiosos en los centros educativos públicos. El pensamiento religioso será abordado, únicamente como fenómeno histórico, sociológico o filosófico.
El acceso a los servicios de salud a toda la ciudadanía, con trato digno y respetuoso a sus convicciones personales y morales, incluidas entre otras, orientación sexual, preferencia sexual, pudor, intimidad y creencias religiosas.
La creación de normativas que garanticen la neutralidad del Gobierno frente a los diferentes credos e ideologías de la ciudadanía, para que no se utilicen las instituciones públicas, para cultos, rezos, símbolos e imágenes, propios de creencias específicas, vulnerando la libertad de creencias del resto de la ciudadanía.
La revisión del “Convenio Entre la Santa Sede y la República de El Salvador sobre jurisdicción eclesiástica castrense y asistencia religiosa de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad”, que da un trato privilegiado a una iglesia particular y compromete recursos públicos del Gobierno para el pago de personal religioso en estas instituciones.
Me uno a esas demandas al Presidente electo, para que haga efectivo el mandato de la Resolución 3-2008 de la Sala de lo Constitucional, para que la organización estatal se encuentre separada de cualquier estructura institucional religiosa y el Estado se muestre neutral ante las diferentes concepciones religiosas o éticas.
