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“Exigimos a la FGR proceda con la investigación que se pidió por medio del aviso presentado el 29 de junio de 2017”, fue la exigencia que hicieron las Organizaciones indígenas para que se esclarezca el genocidio ocurrido el 22 de enero de 1989.
La investigación que piden las organizaciones indígenas es para que se determinen responsabilidades del hecho genocida, que marcó la historia del país con sangre de los originarios.
Así como también del robo de sus tierras ancestrales, sin que se justifique ningún argumento que las víctimas y victimarios ya están muertos, pues lo consideran como una actitud de complicidad con los victimarios.
Las organizaciones dicen que ya son 89 años del etnocidio de 1932 y en el cual se derramó mucha sangre indígena Náhuat, y que hasta el momento no se ha culminado un proceso de investigación de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República.
El etnocidio de 1932 según señalan las organizaciones, causó heridas tan profundas en el pueblo Náhuat, que aún hoy en día siguen abiertas, casi un siglo y no se tiene un juicio, castigo y resarcimiento sobre este suceso.
Se incluye la masacre, el robo de las tierras, que por decreto fueron robadas por los descendientes españoles y que hoy están en manos de asesinos, que, según datos, ejecutaron un promedio de treinta mil indígenas a escala nacional.
“Es urgente que El Estado y Gobierno proceda a la aplicación real y efectiva de la reforma a la constitución del artículo 63 para el pleno reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas de El Salvador y la aplicación de políticas públicas a favor de los pueblos originarios”, señala el comunicado.
También señalan que consideran urgente la ratificación y el cumplimiento inmediato el Convenio 169 de la OIT y que se haga ley de la República la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como marcos internacionales garantes para el respeto a los derechos de los pueblos originarios en El Salvador.
De igual forma, exigen al gobierno del presidente Nayib Bukele busque los mecanismos para la restitución de las tierras ancestrales despojadas y esclarecimiento de los hechos genocidas contra los pueblos indígenas, como ha sido recomendado de forma reiterada al Estado de El Salvador, por las Naciones Unidas en sus informes de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
La devolución de las tierras a los pueblos indígenas es más urgente en el contexto de la pandemia por COVID-19, para que las familias y comunidades indígenas puedan restituir la capacidad de producir sus propios alimentos y de garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos.
Señalan también las organizaciones, que la pandemia por COVID-19 profundizó las condiciones de vulnerabilidad, social, política, económica y cultural de las comunidades y pueblos indígenas.
Reiteran que las medidas de confinamiento y de atención sanitaria, por parte del Estado no han sido efectivas para atender específicamente las necesidades de salud y de saneamiento en las comunidades indígenas, por lo que se debe corregir esta política de salud que respete las culturas y las prácticas de salud de los pueblos para enfrentar efectivamente la pandemia y evitar mayor mortandad de los ancianos y ancianas indígenas.
Rechazan también toda política extractiva de El Gobierno y El Estado de El Salvador, basado en la explotación y extracción de la naturaleza de sus territorios, dando vía libre a los permisos ambientales por parte del Ministerio de Ambiente.
Según señalan que los permisos ambientales son bajo pretexto que se debe promover la inversión de capitales, para el desarrollo del país, lo cual consideran que es una bofetada contra la vida humana y de lo poco que aún queda de la biodiversidad y toda la naturaleza.
El ejemplo que señalan es el proyecto de la octava represa Sensunapán, la continuidad de represa el Chaparral, la construcción del Proyecto habitacional Valle el Ángel entre otras.
Las organizaciones como El consejo indígena Los Pasos del Jaguar, El Consejo del Cantón Tajcuilujlan, otras organizaciones indígenas hermanas y el Movimiento de Victimas afectados y afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones, a 89 años del mayor holocausto indígena de América, hacen el llamado al Estado y Gobierno de El Salvador a crear los mecanismos efectivos para lograr un dialogo fraterno y honesto con los pueblos indígenas.
El llamado al Gobierno es para que asuman una agenda que aborde todas las problemáticas que viven las comunidades y los pueblos, pues a un año y medio de su gestión no se observa ninguna señal seria, que sus problemáticas serán tratadas de manera efectiva, y que al contrario consideran que ha habido graves retrocesos en su abordaje.
Asimismo, manifiestan ante la opinión pública nacional e internacional que se ratifique de inmediato el Convenio 169 de la OIT y que se avale a la Ley de la República la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador.
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