Organizaciones indígenas y sociales en defensa de las semillas nativas

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La “Declaración de Esquipulas” la suscriben organizaciones indígenas, campesinas y sociales en defensa de las “semillas nativas”, los conocimientos ancestrales y el derecho de quienes trabajan la tierra en Mesoamérica, explicó Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador.

“Sabemos de serios rumores de la privatización de la producción de semilla por el CENTA y de la posible pérdida de esa autonomía de tener su propia semilla a partir de especies criollas, a través del CENTA”, añadió Blanco.

Esa es la realidad que estamos viviendo y no vemos ninguna salida hasta el momento. Y es una situación de desesperanza por el abandono al campo y las situaciones que les afecta, agregó.

La Declaración de Esquipulas permitió la articulación de comunidades campesinas, Autoridad de Pueblos Indígenas, organizaciones sociales, personas defensoras de la soberanía alimentaria de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, reunidos en Esquipulas, Guatemala, como parte del Encuentro Regional Mesoamericano para la Defensa de las Semillas Nativas y Derechos Campesinos.

La declaración de esquipulas también es un pronunciamiento dirigido a los gobiernos de los Estados mesoamericanos, así como a los organismos internacionales y la comunidad internacional, para que retomen la “profunda preocupación” y rechazo ante políticas y regulaciones que vulneran los derechos colectivos e individuales de los pueblos, y la exigencia de dar protección a la biodiversidad agrícola y la soberanía alimentaria de los pueblos.

La “Declaración de Esquipulas” denunció la “imposición de reglamentos técnicos de bioseguridad de organismo vivos modificados” (OVMs) para usos agropecuarios en Centroamérica, que fueron aprobados y puestos en vigencia desde el años 2018, sin una Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado a los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas.

“Esto fue en abierta violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligatoriedad de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. También a la Declaración de las Naciones Unidas (ONU), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que reconoce ese derecho a ser consultados para dar su consentimiento sobre aspectos que afectarán sus vidas”, señala la Declaración de Esquipulas.

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que específica en sus artículos 2, 16 y 19 los derechos de la población campesina a definir sus propios “sistemas alimentarios y de semillas”, junto a su derecho a ser consultados previamente.

“El Protocolo de Cartagena y la Declaración de Río exige a los Estados aplicar el principio de precaución en la introducción de organismos vivos modificados. Y el Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur que proporciona normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación al daño para la diversidad biológica resultante de los organismos vivos modificados”, dice la Declaración de Esquipulas.

Adalberto Blanco señaló que la producción de alimentos para este 2025 tiene “mal augurio” de corregirse, debido al impacto del cambio climático y otra parte a las políticas públicas, orientadas a la importación de alimentos y la falta de apoyo de la producción nacional.

“Somos testigos de la eliminación de aranceles a productos que no están dentro de los 22 productos considerados de la Canasta Básica Alimentaria, junto al subsidio a la comercialización de alimentos y el retiro de apoyo a la producción de alimentos como redujeron al 40% del paquete agrícola”, expresó Blanco.

Contaminación Genética de las semillas Nativas

El colectivo de las organizaciones mesoamericanas denunció la contaminación de semillas nativas y el desplazamiento y pérdida de variedades de especies criollas, que dejan en riesgo la “biodiversidad agrícola” de los Pueblos Ancestrales Mesoamericanos, que ha reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), y otros organismos.

A lo anterior se añade “La monopolización, privatización y despojo de las semillas y conocimientos ancestrales y la criminalización del intercambio y resguardo de semillas nativas impulsada por corporaciones transnacionales semilleristas aglutinadas en Croplife, entre ellas Bayer-Monsanto, Syngenta, Bast, Corteva, entre otras empresas semilleras y sus filiales en nuestros territorios”.

El uso intensivo de agrotóxicos asociados a los cultivos genéticamente modificados, en especial el glifosato, clasificado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha generado graves impactos en la salud de las comunidades rurales, en contravención del artículo 24 del UNDROP que establece el derecho a un medio ambiente sano para los campesinos, es otro de los puntos que destaca la Declaración.

Las organizaciones rechazaron el avance del “Plan Trifinio” que sin consulta y participación adecuada y amplia de los Pueblos Originarios y comunidades campesinas, promueven y profundizan el modelo extractivista en la región mesoamericana, que sólo beneficia a los sectores agroindustriales y financieros en detrimento de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos de los pueblos.

“Concretamente por la aprobación de la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, al igual que otros casos en el resto de países de la región, que permiten la exploración y explotación minera que representa una amenaza y peligro a los bienes naturales y a la salud de las comunidades, como la afectación que sufre la cuenca trinacional del río Lempa y sus comunidades”, sostuvieron.

ONU reconoce el agua como epicentro del desarrollo sostenible

El Sistema de Naciones Unidas ha declarado también que el agua es un derecho para la supervivencia de los seres humanos y “un decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente”, y entre los desafíos del agua es que 2 mil 220 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable de forma segura. (OMS/UNICEF/2023). Y que 2 mil millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.

“Exigimos a los Estados mesoamericanos el reconocimiento y protección de las semillas nativas y criollas como bien biocultural de los pueblos, prohibiendo su privatización, apropiación o modificación genética sin consentimiento de las comunidades y pueblos guardianes”, acotaron.

“La implementación de medidas urgentes para detener la liberación, comercialización, investigación y experimentación de los Organismo Vivos Modificados (OVMs), aplicaciones y productos de la biología sintética en la región mesoamericana”, detalla la Declaración de Esquipulas.

Sobre la “prohibición al acceso irrestricto a los recursos genéricos de la diversidad biológica y digitalización”, señalaron las organizaciones, esta debe ir acompañada del reconocimiento de las consecuencias reales sobre los ingresos , el bienestar de los pueblos, las prácticas culturales, las tecnologías tradicionales, así como la economía comunitaria y el conocimiento ancestral.

Además, se debe prohibir del uso de agrotóxicos altamente peligrosos, como el glifosato promoviendo en su lugar políticas públicas de fomento a la agroecología. No implementar el Plan Trifinio, sin la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas y garantizar un modelo de desarrollo basado en soberanía alimentaria.

Así como “Garantizar la protección y entornos seguros y propicios de los y las defensoras y defensores de la biodiversidad y bienes naturales, que defienden derechos colectivos e individuales , el cese de criminalización, persecución y asesinato de quienes luchan por el buen vivir y la defensa de la madre tierra, e implementar el Acuerdo de Escazú”.

La “Declaración de Esquipulas” hizo un llamado a articular esfuerzos regionales entre organizaciones campesinas, Pueblos Indígenas y sociedad civil organizada para la defensa de la vida comunitaria, semillas nativas y los territorios, impulsando acciones legales y políticas con la promoción de modelos agroecológicos.