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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
Organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, grupos de fe, académicos y abogados a nivel internacional firmaron una carta en la que solicitan al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que rechace los proyectos de mineríatóxica en El Salvador y retire los cargos contra los cinco ambientalistas de Cabañas.
“El 11 de enero se cumplió el segundo aniversario de la detención de cinco defensores del agua salvadoreños que fueron arrestados por motivos políticos en 2023. Los cinco fueron declarados inocentes de todos los cargos en el veredicto unánime de un tribunal en 2024”, recuerdan en el pronunciamiento.
Y añaden “ahora se enfrentan a un nuevo juicio después de que la Cámara de Segunda Instancia anulara la sentencia, en una decisión que ha sido ampliamente condenada, pues es una instrumentalización de la justicia”.
La Fiscalía General de la República apeló, a finales de año 2024, ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, la decisión de libertad absoluta, por lo que la Cámara en mención ordenó una Vista Pública contra : Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez.
Los firmantes lo componen 297 grupos y más de 370 académicos y abogados de 44 países, que apoyan esta carta en vísperas del nuevo juicio, el próximo lunes 3 de febrero, en el Centro Judicial de Ciudad Delgado. Los firmantes reiteran su “solidaridad” con los cinco defensores del agua de Cabaña, quienes “enfrentan cargos por motivaciones políticas”.
Los firmantes aclararon que estos cinco líderes comunitarios y defensores del agua, en el pasado desempeñaron un papel decisivo en el movimiento liderado por comunidades que culminó en 2017 en la histórica Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, que calificaron “ la primera de este tipo en el mundo”.
Lo anterior no fue suficiente frente a la decisión presidencial, apoyado por la votación del partido oficialista de Nuevas Ideas, que el pasado 23 de diciembre aprobó la nueva Ley General de Minería, derogando la anterior que prohibía esta actividad extractivista. Ahora, este marco normativo permite de nuevo que cualquier empresa minera trabaje la explotación de metales preciosos y otros minerales en El Salvador.
“La nueva ley omite las evaluaciones de impacto ambiental, carece de información transparente sobre las actividades mineras y no exige la consulta y el consentimiento de las comunidades que se verán afectadas. A pesar de la afirmación de que sólo el Estado está autorizado a realizar actividades mineras en el país, la ley abre las puertas para que empresas mineras se asocian con el gobierno y las exime de cualquier abuso medioambiental que puedan cometer”, argumentaron.
La lideresa y ambientalista, Vidalina Morales, en reiteradas ocasiones ha denunciado a escala nacional e internacional que existe una “ocurrencia de hechos similares al año 2009”, al hacer referencia a los impactos que causará en ese momento la empresa transnacional minera Pacific Rim /Oceana Gold, cuando llegaron a Cabañas, para realizar las primeras exploraciones en busca de metales preciosos en sus territorios.
“Todo se está repitiendo de nuevo en Santa Marta. En donde nuestra tranquilidad como pobladores está cambiando y estamos constantemente amenazados por personas ajenas a nuestra comunidad, personas extrañas que irrumpen esa privacidad colectiva de nuestra comunidad en la noche”, comentó en una reciente entrevista.
Una Carta por la vida y la libertad
Sobre la carta de “oposición a la minería”, alegaron las organizaciones firmantes que todos están conscientes de dar sus firmas en defensa de la vida y los ambientalistas porque son “testigos de los impactos destructivos de la minería”, que ha ocurrido en todo el mundo.
En su carta dirigida al presidente Nayib Bukele, le expresan que “El Salvador se enfrenta a múltiples desafíos y amenazas ambientales que se verían exacerbadas por la reintroducción de la minería”, así como la exposición de las formas en que la minería aumentaría el riesgo de contaminación ambiental.
A lo que hay que agregar las violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública. Por lo que solicitan al presidente Bukele escuchar a los movimientos por la defensa del agua y no permitir la apertura de nuevas minas.
Los firmantes de la “carta de oposición a la minería” retomaron también, los resultados de la reciente encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), publicada justamente antes de la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país.
La encuesta reveló que un 61 % de los salvadoreños consultados se opone al “regreso de la minería”, luego que por 7 años estuviera prohibida esta actividad por su alta incidencia contaminante.
Una Ley de Prohibición de la Minería Metálica (2017), que fue aprobada por unanimidad -en ese momento- por la Asamblea Legislativa, una votación unánime y que coincidió con el clamor expresado por la población, en una consulta del IUDOP (2015), en donde un 80% de los salvadoreños expresaron se oponía a la minería.
“Debe respetarse la prohibición unánime de las extracción de metales de hace siete años en El Salvador, que ha protegido los ríos de ese país”, declaró John Cavanagh, del Institute for Policy Studies, y coautor del libro Defender el Agua: Como la Gente de El Salvador Enfrentó la Codicia Empresarial.
“Rechazamos la criminalización de los Defensores del Agua de Santa Marta por su valiente liderazgo en la denuncia de la reactivación de la minería en El Salvador. Hacemos un llamado al Fiscal General para que retire los cargos contra estos líderes, que fueron absueltos de todos los cargos en octubre, y para que se proteja a la sociedad civil y a los líderes medioambientales que defienden la vida”, declaró Christie Neufeldt, de la Iglesia Unida de Canadá.
Mientras, Peggy Goetz, de la Washington Ethical Society (Sociedad Ética de Washington), se ha solidarizado con los ambientalistas tras argumentar que “El agua es vida. Estamos con los cinco de Santa Marta y apoyamos su compromiso de restablecer la prohibición de la minería de metales”.
Este colectivo de expertos ambientalistas, abogados, académicos y grupos de fe, reiteraron su solidaridad con los cinco ambientalistas, con la Comunidad Santa Marta y ADES, y reiteraron que estarán atentos al desarrollo de la nueva Vista Pública, programada por el sistema judicial desde el 3 al 6 de febrero próximo.
“La nueva ley de minería de El Salvador supone un gran retroceso en los esfuerzos del país por dar prioridad a la protección del medio ambiente. Ignorar por completo la ciencia y la oposición de un amplio espectro de la sociedad civil y las comunidades salvadoreñas es inconcebible, antidemocrático y pone en peligro la vida de las personas», puntualizó, Caren Weisbart, de Common Frontiers de Canadá.
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