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Redacción Nacionales
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Organizaciones sociales que respaldan a Santa Marta y ADES en la demanda de liberar a los líderes comunitarios han informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la negativa de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque ordenó hace diez días arresto domiciliar para los defensores ambientales; sin embargo, los detenidos continúan en prisión.
El referido tribunal otorgó un plazo de cinco días a la DGCP para que los ambientalistas fueran llevados al Hospital Nacional Rosales para recibir atención médica durante una semana y luego sean trasladados a sus casas.
“Hoy mismo se mandó una nota a la CIDH informando que Centros Penales incumple la orden judicial”, dijo a Diario Co Latino un representante de una organización vinculada al caso. Dicha nota se agrega a la petición de medidas cautelares presentada hace algunas semanas por Tutela Legal “María Julia Hernández” .
El caso también fue presentado por el IDHUCA y otras organizaciones en una audiencia de la CIDH sobre los derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción, realizada virtualmente el pasado 14 de julio.
Podrían demandar penalmente a Osiris Luna
Las organizaciones también podrían demandar al director general de centros penales Osiris Luna ante la Fiscalía General de la República.
“Al no acatar la orden judicial, él (Luna) podría estar cometiendo desobediencia, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desacato y otros delitos sancionados en el Código Penal”, comentó a este medio una fuente cercana al caso.
Luna también está señalado de no acatar resoluciones judiciales en otros casos donde los juzgados ordenaron la salida de prisión, pero los detenidos siguen encarcelados semanas o meses después.
Juzgado deja en firme resolución
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque dejó en firme la resolución que ordena el arresto domiciliar, luego de vencido el plazo de apelación. La representación fiscal se abstuvo de apelar.
La resolución, en poder de Diario Co Latino, declara “ejecutoriado” el fallo del 23 de agosto de 2023 y establece el “cese de la detención provisional” para Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas, Miguel Ángel Gámez y Fidel Recinos.
“Esto significa que la resolución ya es de obligatorio cumplimiento”, sentenció ayer Dennis Muñoz, abogado defensores de los líderes comunitarios.
