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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Comunidades indígenas, juventudes y organizaciones ambientalistas exhortaron a los gobiernos participantes en la vigesimoséptima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2022 (COP 27), que se celebró en Egipto del 6 al 18 de noviembre, respetar los derechos de los pueblos indígenas, el cese a la criminalización de los defensores de la naturaleza y el cumplimiento y materialización de los discursos tanto de entidades nacionales como internacionales.
“Hicimos un posicionamiento, y una de las cosas que nosotros queríamos es que se respeten nuestros derechos que tenemos como pueblos indígenas, que no se siga criminalizando nuestra lucha, que no se siga asesinando a hermanas y hermanos por la defensa de la naturaleza. Y lo otro es cómo los Gobiernos asumen nuevos compromisos solo a nivel internacional, tal vez para convencer a los donantes, pero ya en lo local, sabemos que las cosas son diferentes”, señaló el representante del Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño, Jesús Amadeo Martínez.
Las organizaciones demandaron que no puede existir justicia climática sin derechos humanos de los pueblos indígenas y mujeres, ya que la crisis climática tiene un impacto desproporcionado en las garantías de los mismos, amplifica las desigualdades e injusticias existentes.
El director de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES), Luis Gonzáles, hizo énfasis en la crisis climática que existe no solo en la región centroamericana, sino a escala mundial, causa principal de las pérdidas en la agricultura y en las diferentes afectaciones a la población.
González dijo que esperaban que la COP 27 fuera un vínculo entre las naciones para desarrollar acciones que disminuyan los efectos.
“En esta COP 27 se esperaban soluciones a esta realidad, acuerdos vinculantes en la necesidad de que se reduzcan los gases del efecto invernadero, el consumo de combustibles fósiles y que la temperatura no siga aumentando y, por lo tanto, cumplir con el acuerdo del país (…), pero no hay avances, sino retrocesos”, agregó.
Los movimientos sociales exigieron un sistema que garantice transiciones justas a todos los derechos para convivir de forma democrática, inclusiva y en equilibrio con el planeta. Además, priorizar los servicios públicos universales entre la soberanía alimentaria, agroecología, y la restauración de la naturaleza a través del respeto por los derechos de la “madre tierra”.
Según los movimientos ambientales, los países ricos deben pagar la deuda climática con una reducción de las emisiones a cero para el 2030, lo recomendado por el IPCC, y pagar por los impactos climáticos con fondos basados en las necesidades a la escala y la urgencia requeridas, a través impuestos sobre la riqueza en el 1% superior, sobre las ganancias de los entes que contaminan.
Además, las naciones deben comprometerse a conducir una eliminación rápida, justa y equitativa de la producción de combustibles fósiles para el 2030 a fin de mantener por debajo del 1.5C la temperatura global, junto a la descarbonización por parte de los países ricos, “responsables” de causar la crisis.
