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@OscarCoLatino
Las organizaciones Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador (IIDC), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), justificaron el proceder del magistrado de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime.
Recientemente, el magistrado llamo “señora lengua larga” a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, lo cual es considerado como un irrespeto y además como una violación a la Ley para una vida Libre de Violencia Contra las Mujeres.
“A todos alguna vez se nos va una expresión de esa naturaleza”, justificó José Luis Lovo, miembro del IIDC. Además, agregó que la ley establece “expresiones que deben reprimirse cuando se trata de delitos de calumnia, difamación o injuria. La injuria puede implicar una expresión negativa a alguien, pero en este caso decir lengua largo, no lo considero una injuria, sino una reflexión cuasi jocosa sobre una persona”.
Para Lovo, lo expresado por Jaime entra en los convencionalismos sociales, por lo que no considera que la actitud del magistrado de la Sala de lo Constitucional tenga un efecto mayor.
De igual forma, Javier Castro de FUSADES, afirmó: “no me sorprendería que este sea un nuevo ataque contra la Sala de lo Constitucional tratando de afectar a uno de sus magistrados”.
Humberto Sáenz, miembro del CEJ, comentó sobre lo expresado por Jaime que: “identificar en una expresión como está una violación a la ley, nos parece que hay una diferencia importante, la ley lo que sanciona es que en función de proteger la integridad de las mujeres se prohiben este tipo de expresiones en el contexto de que vayan encaminadas a denigrar a la mujer como mujer, la expresión no ha sido un ataque a la presidenta de la Asamblea Legislativa”.
Asimismo, el representante del CEJ consideró que en lo referente a una supuesta evasión de impuestos de una empresa ligada al magistrado “se ha distorsionado la información que hasta el momento existe sobre estás investigaciones, sobre todo, porque ya es público que el referido magistrado no forma parte de la estructura accionaria de esa empresa, no ha sido representante legal de la empresa”.
Exigen alto a ofensiva política
Representantes de FUSADES, del CEJ y del IIDC pidieron que se deje trabajar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Para los representantes de las organizaciones de abogados de derecha, los cuestionamientos en contra de la Sala de lo Constitucional son una supuesta estrategia para desacreditar el trabajo de dicha Sala, por lo
que exigieron un alto a lo que consideran como una “ofensiva
política”.
“Le pedimos al fiscal general que inicie una investigación para ver si
hay delito en la obstaculización que el partido FMLN ha emprendido
contra la Sala.
Hemos visto que es tarea vehemente del FMLN desacreditar y obstaculizar el trabajo de la Sala”, expresó José Luis Lovo, miembro del IIDC.
Javier Castro, de FUSADES, explicó que el objetivo de la denuncia es demostrar que hay personas en el gobierno que están buscando desestabilizar la inconstitucionalidad del país. “La Sala tiene independencia absoluta.
No estamos diciendo que todo lo que hace la Sala hay que aplaudirlo, sino que debe ser discutido, pero esa discusión no implica tener una estrategia para desestabilizar la institucionalidad”, externó Castro.
