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Alessia Genoves
Colaboradora
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Organizaciones LGBT denuncian un retroceso a los derechos de la diversidad sexual en El Salvador, y reiteraron sus demandas en la marcha conmemorativa contra la Homo-Lesbo Bi-Transfobia, que se celebró en las calles de San Salvador.
Entre las consignas se avoca a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el incumplimiento de la Asamblea Legislativa a la sentencia 33-2016 y 195-2016, emitida el 28 de febrero de 2022 por la Sala de lo Constitucional, que ordenaba reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) en un plazo de un año para permitir el cambio de nombre y género de las personas trans.
Fátima Ortiz, de Aspidh Arcoíris Trans, explicó: “La sentencia mandata a tener un proceso más rápido a partir de una reforma a la Ley del Nombre, garantizando ese derecho”. Sin embargo, transcurrido el plazo de un año, la Asamblea Legislativa no ha realizado las reformas correspondientes.
La cronología de acciones es la siguiente: en febrero de 2020, Aspidh, Comcavis y Fespad presentaron la demanda de inconstitucionalidad parcial ante la CSJ (expedientes 33-2016 y 195-2016) por la falta de reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans.
El 28 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia definitiva ordenando las reformas. El 28 de febrero de 2023, venció el plazo sin que la Asamblea Legislativa actuara.
Cabe destacar que, en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, en mayo de 2024, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género fue disuelta, pasando sus competencias a la Comisión de Niñez e Integración Social.
Una acción similar tuvo lugar durante la primera sesión que celebró la misma Comisión de la Mujer en 2021, que ordenó el archivado de más de 30 propuestas legislativas a favor de los derechos de la mujer, y de las personas LGBT, como la de una Ley de Identidad de Género.
Implicaciones del gobierno
Las declaraciones del presidente Nayib Bukele en 2023 ante la organización provida Moms For Liberty (MFL), rechazando la “ideología de género” y asegurando que no permitiría su difusión en las escuelas y colegios han generado preocupación en las organizaciones LGBTIQ+.
Bukele declaró: “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, no solo que la currícula no lleve ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto de lo que van a aprender sus hijos”.
Estas declaraciones han tenido eco en las acciones del Ministerio de Educación, liderado por José Mauricio Pineda, quien en febrero de 2024 ordenó el retiro del material educativo relacionado con la educación sexual y los temas LGBTIQ+, indicando: “CONFIRMADO: todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”.
Organizaciones como Aspidh Arcoíris Trans y Amate El Salvador han rechazado estas medidas, argumentando que van en contra de la Constitución y los derechos humanos. Mónica Linares, cofundadora de Aspidh Arcoíris Trans, enfatizó que su organización no se define como marxista ni partidaria, sino como una entidad que vela por los derechos de las personas LGBTIQ+.
Consecuencias legales
La ausencia de una Ley de Identidad de Género ha tenido implicaciones en el registro de personas LGBTIQ+ detenidas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, implementado por el gobierno de Bukele desde marzo de 2022.
Según Amate El Salvador, al menos 95 personas LGBTIQ+ han sido detenidas, 24 de las cuales son mujeres trans. “Algunas de ellas sí fueron vencidas en juicio por pertenecer a maras o pandillas, mientras que otras fueron liberadas tras ser comprobada su inocencia”, explicó un representante de Amate El Salvador.
Sin embargo, debido a la falta de una ley que reconozca su identidad de género, estas personas han sido registradas bajo su nombre legal asignado al nacer, generando confusión y dificultades en el proceso de identificación y registro. Ante tal ausencia, no obstante, la sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional indica: «No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona».
Pese a ello, activistas como Bianka, representante legal de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis) y la primera mujer trans en cambiar su nombre legalmente, indicó que “las persons trans aún pueden cambiar su nombre legalmente en un Juzgado de Familia”, pese a las aletas de discriminación.
Bianka indicó que “las personas trans viven en ambientes precarios que dificultan el acceso a sus derechos.
