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Saúl Hernández, treatment Coordinador de Transparencia y Anticorrupción de Iniciativa Social para la Democracia (ISD); y Abraham Abrego, sovaldi subdirector de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), manifestaron que el caso del donativo taiwanés al ex presidente de ARENA, Francisco Flores, corre peligro de quedar en la impunidad debido a que la prescripción de este caso termina en el mes de abril de este año.
“Cuando se da la prescripción, el delito ya no puede ser perseguido por las instituciones correspondientes, lo cual en este caso implicaría que si efectivamente se comprueba que había un delito de corrupción, no se podría llevar a los tribunales correspondientes ni judicializar el caso”, aseguró el coordinador de Transparencia y Anticorrupción de ISD, durante la entrevista Agenda Ciudadana, que transmite Televisión de El Salvador (TVES).
Por su parte, el subdirector de FESPAD afirmó que existen documentos en donde se ha podido observar que en la transacción que se hace vía Miami y luego hacia un banco de las Bahamas podría haber indicios de lavado de dinero.
“Este tipo de países como Bahamas son paraísos fiscales donde existe poca regulación; por ese motivo la instancia en Estados Unidos que hace el reporte avisa sobre la sospechosa transacción. Entonces, nos parece que desde cualquier punto de vista es totalmente irregular. Obviamente, si el ex presidente quiere defenderse tendrá que demostrar con papeles que documente todo; aunque cabe destacar que aunque lo haga, es bastante irregular por no existir un mecanismo legal de donación”, explicó el subdirector de FESPAD.
También, ambos representantes de las organizaciones sociales solicitaron a la Asamblea Legislativa comenzar a evaluar reformar las leyes que amparen las prescripciones, ya que consideran que los casos de corrupción no deberían de prescribir.
Hernández destacó que el caso del ex presidente Flores es muy importante, sobre todo si se lograra llevar a un término judicial, ya que podría marcar un precedente en la historia de El Salvador.
“El hecho de que ningún funcionario por el rango que tenga pueda llevarse a los tribunales y tener una sentencia por algún delito cometido, deja una percepción en la ciudadanía que la justicia en el país es selectiva. Por lo tanto, es el momento para que la justicia tenga legitimidad para la ciudadanía”, manifestó Saúl Hernández.
Finalmente, los representantes de ISD y FESPAD invitaron a la población salvadoreña a reconocer lo importante que es conocer que por cada dólar que ha sido malversado, ha existido desarrollo humano truncado, y también hicieron un llamado a la ciudadanía a estar más vigilantes sobre los funcionarios públicos, y adoptar una cultura de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción en el país.
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