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Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomiende al Estado Salvadoreño atender de manera integral la problemática que sigue afectando al país.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Las diversas organizaciones que integran la Mesa contra el Desplazamiento Forzado solicitaron al la CIDH que exija al Estado salvadoreño la elaboración de un diagnóstico y la generación de políticas específicas para abordar el tema que sigue generando zozobra entre los salvadoreños, además que se reconozca este delito, lo que permitirá atender de manera integra a las víctimas.
David Ortiz, de la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explicó que la Mesa solicitó ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos que el Estado Salvadoreño reconozca el desplazamiento forzado. Asimismo, que destine un presupuesto adecuado para atender de manera diferenciada a las miles de víctimas de este fenómeno.
“Que el Estado salvadoreño se pueda comprometer a desarrollar estos fenómenos, con la participación de las organizaciones sociales y las voces de las víctimas que son en última instancia las necesitadas que el Estado ejecute de manera efectiva las responsabilidades”, dijo Ortiz.
Durante la sesión en Quito, Ecuador, con presencia de una representación del Estado salvadoreño y las organizaciones se abordó sobre el Plan Control Territorial en sentido de las etapas que se están implementando en este momento, y se ha mencionado los procesos de coordinación interinstitucional que ha ejecutado por parte de la Unidad Técnica Ejecutiva. Asimismo, se abordó sobre las iniciativas a normativas presentadas a la Asamblea Legislativa sobre el desplazamiento forzado y la discusión en la que se encuentra hasta este momento.
“Se han construido protocolos para poder atender de manera integral a las víctimas, pero en lo positivo no se ha logrado evidenciar el impacto que el Estado ha reportado en la realidad del Desplazamiento Forzado Interno en El Salvador”, explicó Ortiz.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha solicitado al Estado Salvadoreño generar un mecanismo de seguimiento a la sentencia que permita evidenciar la hoja de ruta para poder darle efectivo cumplimiento.
