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Redacción Nacionales
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Organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como regionales enviaron una carta abierta a la comunidad internacional, donde exhortan a estar vigilantes en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado 30 de julio durante una reunión convocada en Casa Presidencial, así como monitorear de cerca las acciones del Estado contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador.
En un documento se dio a conocer el rompimiento de los dos compromisos adquiridos por el mandatario con las organizaciones, uno de ellos, no usar el poder del Estado para perseguir la crítica, es decir, no utilizar el discurso público para atacar o deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil y periodistas; y el segundo, crear espacios de diálogos temáticos entre sociedad civil y gobierno.
Sin embargo, a partir de ese encuentro no ha habido un compromiso real por parte del mandatario en el cumplimiento de dichas promesas, sino por el contrario, ha usado sus redes sociales, instituciones y órganos del Estado para perseguir a los críticos de su gobierno y ha ocupado el discurso público para deslegitimar a la sociedad civil y a periodistas.
Entre los hechos destacados está la detención arbitraria hace unos días de Mario Gómez, un especialista en informática y crítico de la imposición del bitcoin; los requerimientos promovidos por diputadas de Nuevas Ideas el pasado 8 de septiembre para que el Ministerio de Hacienda investigue a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) por su calificación de utilidad pública, y la subsiguiente presentación de un aviso penal contra esta misma organización ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la supuesta comisión de los delitos de evasión de impuestos, lavado de dinero y actos arbitrarios.
Asimismo, el reciente ataque en Twitter por parte del presidente contra organizaciones de la sociedad civil como Due Process of Law Foundation (DPLF), Cristosal, Washington Office on Latin America (WOLA) y otras, debido a su pronunciamiento del 9 de septiembre de 2021 en defensa de la independencia judicial; y el continuo uso de los medios de comunicación pública, particularmente Diario El Salvador y el Noticiero El Salvador, para difundir ataques y descalificaciones.
“Dichas acciones constituyen una violación del Estado salvadoreño a los compromisos adquiridos, claros ataques a la sociedad civil y evidencian como el presidente instrumentaliza el aparato del Estado con la clara intención de deslegitimar a las organizaciones y periodistas ante la opinión pública nacional e internacional, pero sobre todo para callar toda voz crítica a su gobierno. Esto ocurre en un momento donde la democracia y el respeto a los derechos humanos ya se encuentran en serio peligro”, señala la carta dirigida a la comunidad internacional.
