Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Representantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, junto a familiares de detenidos arbitrariamente bajo el Régimen de Excepción, presentaron un aviso penal en la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos ocurridos el 8 de enero de 2025 en el centro penal de Izalco, donde presuntamente resultaron varios reos lesionados y otros fallecidos, debido a un amotinamiento.
Rudy Joya, abogado de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), manifestó que los familiares de los capturados en el penal de Izalco no pueden seguir en zozobra sin saber lo que realmente pasó la noche del pasado 8 de enero, por lo cual, a través de un escrito pidieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, una investigación detallada.
Joya dijo que la fiscalía puede investigar de oficio los hechos en el penal, sin necesidad de esperar algún aviso penal o escrito, sin embargo, al no hacerlo de forma oficiosa, UNIDEHC lo activa a través de una petición.
“Exigimos al fiscal que investigue porque están tres líneas de los hechos, una que se dio un amotinamiento entre las personas detenidas, se habla también de que personas estaban siendo torturadas y por eso se revelaron en contra de los empleados penitenciarios, situación que no nos extraña, porque desde julio del año pasado venimos denunciando torturas en Izalco”, explicó Joya.
Asimismo, indicó que le han entregado a la FGR los insumos de 25 casos documentados con firmas, testimonios e información, para darle respuesta a los familiares quienes tienen a sus seres queridos detenido en Izalco y cuando llegan muchas de estas personas son amenazadas de ser capturadas si continúan solicitando información.
Consideró necesario que las autoridades de Centros Penales y la FGR sean transparentes con los familiares y digan quiénes son los lesionados, fallecidos y expliquen los hechos el 8 de enero en Izalco, no que les están poniendo en la causa de muerte, neumonía, diabetes u otras enfermedades.
En las redes sociales circuló un listado de los presuntos lesionados, incluso, otro con los nombres de los supuestos muertos en la trifulca.
“Esperamos que hagan una investigación seria e integral sobre este tema, no lo podemos dejar ahí de manera aislada porque todas estas familias están esperando respuesta. No es posible que se esté jugando con el dolor de la gente, y les estén llamando diciéndoles que su familiar estaba fallecido, pero, después les dicen que había sido un error, es una negligencia clara de parte del Estado y debe responder por ello”, recalcó el abogado.
La abogada y vocera de UNIDEHC, Ivania Cruz, detalló que la familia de Erik Umanzor, una de las supuestas víctimas mortales de los hechos ocurrido en Izalco, recibió una llamada el pasado 11 de enero de una funeraria, donde le dieron el nombre completo y los padecimientos. Le dijeron que había fallecido y debían ir a reconocer el cuerpo, de lo contrario sería enterrado en una fosa común.
Sin embargo, cuando la madre de Umanzor llegó al centro penal de Izalco no le dieron información, además, fue al hospital y le dijeron que nunca había sido visto, en el Instituto de Medicina Legal tampoco le ayudaron, acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para documentar la situación.
“El caso de Erick Umanzor lo calificamos como una desaparición forzada, porque no se tiene conocimiento absolutamente de nada. La familia solo recibió la llamada del empleado de la funeraria, estamos pidiendo a los Tribunales que pidan información al penal y se brinde un reporte”, enfatizó Cruz.
Mientras tanto, Marisela Ramírez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), manifestó que a casi tres años del Régimen de Excepción el gobierno sigue ocultando información sobre la situación de las personas capturadas injustamente, además, los familiares han estado en una lucha permanente por comprobar la inocencia.
“Por toda la falta de información del gobierno hacia los familiares y por las situaciones de supuesto amotinamiento que ha habido en el centro penitenciario de Izalco, es que venimos nuevamente a presentar otro escrito, para que la fiscalía se active y pueda dar respuesta a estas madres que han estado constantemente luchando porque se pueda liberar a sus presos”, agregó.
Según Ramírez, hay gente que tiene casi tres años detenida y ninguna instancia en general del Estado salvadoreño, brinda información a los familiares.