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Redacción Nacionales
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En este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, organizaciones sociales demandaron del Gobierno de El Salvador una atención integral y protección efectiva para familiares de personas desaparecidas, impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir, investigar y erradicar esta práctica.
A través de un comunicado, el Bloque de Personas Desaparecidas en El Salvador, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Plataforma por la Seguridad Ciudadana y COFADES, expusieron que en El Salvador, los precedentes más inmediatos de la desaparición de personas se remiten a la etapa del conflicto armado (1970-1992), período en el que, según estimaciones, alrededor de 8,000 personas fueron desaparecidas forzosamente por agentes del Estado y grupo paramilitares que actuaban bajo su aquiescencia.
Luego de finalizado el conflicto, este fenómeno se redujo significativamente y no fue hasta inicios de la década del dos mil que surge como expresión delictiva, comentaron las organizaciones.
Los registros de las fuentes institucionales hablan de varios miles de víctimas. Solo entre 2014 y 2019 la Fiscalía General de la República registró más de 20,000 denuncias.
Según los datos del Grupo de Trabajo de las Personas Desaparecidas en El Salvador, entre 2019 y 2022 se registraron unos 6,443 reportes de personas desaparecidas, de las cuales un 37.20 % no se encontraron.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre enero de 2022 hasta diciembre de 2023, recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas. De ellas, 40 corresponden a hombres (74.07 %) y 14 a mujeres (25.93 %).
Asimismo, las organizaciones de derechos humanos que conforman el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador documentaron 327 denuncias de desaparición forzada desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
En este sentido, las organizaciones sociales demandaron al Estado una atención integral y la protección efectiva de familiares de las personas desaparecidas, impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir, investigar y erradicar las prácticas de desaparición forzada, tanto las que ocurrieron en el pasado, incluidas las del conflicto armado, así como las que se han producido recientemente en el marco de las políticas de seguridad pública y las atribuidas a grupos criminales.
