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Redacción Nacionales
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Diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) que imponga condiciones a El Salvador, como el exigir que se restituya el orden constitucional del país, quebrantado, según las organizaciones, desde el primero de mayo tras la llegada del oficialismo al frente de la Asamblea Legislativa, para que el gobierno logre cerrar un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) por $1,300 millones.
Las organizaciones detallaron, en un comunicado, que particularmente desde el 1 de mayo el Gobierno de El Salvador “ha acelerado el deterioro del orden constitucional, la separación de poderes y el respeto a los principios democráticos y republicanos”. Entre las acciones que destacan son: la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, la autorización para la reelección presidencial inmediata así como la masiva destitución de jueces debido a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Por tales motivos, las organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI pidiendo que, en caso se alcance un acuerdo con El Salvador, se impongan condiciones, tales como: La derogatoria de los decretos mediante los que se nombraron nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, el que destituyó al fiscal general de la República, y nombró uno nuevo. Pidieron también que se restituya la Sala de lo Constitucional anterior. También que se deroguen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que provocaron la destitución masiva de jueces.
Pidieron al FMI que la Corte Suprema de Justicia reinstale a todos los jueces que fueron removidos, trasladados o cuyas renuncias fueron aceptadas como consecuencia directa de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Y que el Tribunal Supremo electoral declare expresamente que la reelección presidencial inmediata está prohibida en El Salvador.
Ante esto, algunos diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado, por ejemplo, la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que los principios básicos en un proceso democrático deben estar para que un país sea sujeto a créditos y dicho préstamo se ha retrasado, ya que habrá que recordar que el Gobierno ha pedido el desembolso de 1,300 millones de dólares para brecha presupuestaria, pero hasta la fecha esto no se ha concretiado.
Belloso apoyó las peticiones que han hecho las organizaciones porque también consideró que se ha roto el Estado de Derecho.
En contraparte, el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, sostuvo que las negociaciones son entre el Estado Salvadoreño y el FMI, no con organizaciones, y esas peticiones no deben ser las condicionantes, porque El Salvador “es un Estado libre, que vive su Estado de Derecho, entonces, las organizaciones no son las que van a hacer parte de una negociación entre un gobierno electo democráticamente y el Fondo Monetario”, comentó Auerbach.
Las organizaciones solicitaron que “esas condiciones deben ser cumplidas antes de cualquier desembolso al Gobierno salvadoreño” en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI.
