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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
En el Día Internacional Contra la Corrupción, organizaciones de la sociedad civil señalaron que con el actual gobierno hay un retroceso de las autoridades en muchos derechos humanos, por lo cual exhortaron a los poderes del Estado a actuar de manera democrática y transparente, respetar la libertad de opinión, expresión y el espacio cívico, y a cesar los ataques contra los sectores que piensan diferente.
Jessica Estrada, directora de Transparencia y Anticorrupción de FUNDE, dijo que 2022 ha sido un año de múltiples desafíos para la consolidación de la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador, en enero de este año, Transparencia Internacional lo catalogó como un país a observar, debido a algunas acciones tomadas durante el 2021, que comprometieron la garantía de los derechos fundamentales.
Expresó que la falta de separación de poderes ha sido una constante en los últimos meses, es preocupante la desnaturalización de la función legislativa, la cual se ha caracterizado por el abuso de la dispensa de trámite y la ausencia de debate técnico y democrático, su labor se ha limitado a aprobar iniciativas del Ejecutivo sin mayor discusión.
Se han aprobado reformas en materia penal y de telecomunicaciones que ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Cada vez son más los ataques y amenazas a las voces críticas que piensan diferente y que exigen que se garantice el derecho de acceso a la información pública.
“Uno de los más graves retrocesos en la protección de los derechos humanos ha ocurrido en el Régimen de Excepción y sus correspondientes prórrogas, desde marzo de este año, miles de personas han sufrido vulneraciones a sus derechos y libertades, así como de ausencia de procesos judiciales conforme con la Constitución y las leyes”, enfatizó Estrada.
La situación en El Salvador es tan crítica que, en noviembre de 2022, la CIDH expresó su preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, así como el incumplimiento de las garantías judiciales.
A criterio de la directora de Transparencia y Anticorrupción de FUNDE, a las puertas de un año preelectoral, es preocupante el debilitamiento marcado de la democracia, la independencia de poderes y de la transparencia. La opacidad y los abusos de poder solo traen consecuencias negativas para el desarrollo del país y ponen en riesgo la vida de las personas.
Según la directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, Loyda Robles, el Estado no puede actuar de una manera cerrada, sin participación ciudadana y sin una política pública construida de forma participativa, porque hasta el momento hay un Estado que carece de ellas.
“Ratificamos nuestro interés que las autoridades respeten la legislación, no se haga un uso abusivo del mecanismo de aprobación de marcos legales para restricción de derechos, y que haya un respeto a los todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”, recalcó.
