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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) y el Bloque de Resistencia Popular (BRP) pidieron al gobierno que el presupuesto 2025 priorice las necesidades sociales, sobre los gastos superfluos de la presidencia y militares.
Andrea Hernández, representante de la FES, dijo que el presupuesto presentado por el gobierno es un retroceso en las áreas sociales, al poner en marcha medidas represivas como parte del ajuste estructural, afectando de manera directa los derechos laborales y la estabilidad económica de miles de familias.
“Repudiamos el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el gobierno, porque se está implementando el despido masivo de miles de personas trabajadoras en los Ministerios de Salud y Educación vulnerando leyes laborales y derechos adquiridos”, recalcó.
Asimismo, indicó que estos recortes, sumados a la congelación de los escalafones, deteriorarán la calidad de los servicios públicos, afectando directamente a toda la población.
Hernández denunció las capturas y despidos injustificados de trabajadores de salud y educación, quienes han sido reprimidos por organizarse y defender sus derechos.
La dirigente estudiantil externó que el próximo 31 de octubre presentarán una propuesta alternativa de presupuesto que busca beneficiar a la población, fortaleciendo los servicios de salud y educación.
“Convocamos a las organizaciones sindicales, comunidad educativa y de salud, y al pueblo salvadoreño, a participar en la marcha, nos movilizamos en defensa de los derechos laborales y sociales, en contra de las medidas represivas que están siendo implementadas por el gobierno del Clan familiar de los Bukele”, enfatizó.
La FES sostuvo que la Universidad de El Salvador también ha sido gravemente afectada por la intervención gubernamental del INDES-MOP, además, el presupuesto oficial plantea una asignación congelada de apenas $114 millones, la propuesta alternativa de la comunidad universitaria con el BRP indica un incremento de $80 millones adicionales, totalizando $194 millones, para saldar la deuda de $48 millones aún pendientes y asegurar el funcionamiento y desarrollo académico de la única universidad pública del país.
