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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones cooperativas, campesinas y comunitarias, integrantes de la Mesa Nacional Contra la Expropiación y Desalojo de Tierras de los Pueblos de El Salvador, hicieron un llamado al Órgano Judicial a fin de que el Juzgado de Primera Instancia de Usulután no favorezca a los grandes empresarios que quieren robarle las tierras a la Cooperativa Normandía.
Sonia Urrutia, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), dijo que las diferentes organizaciones se solidarizan con la lucha de la Cooperativa Normandía, y pidió que la resolución del Juzgado de Primera Instancia en Usulután, favorezca a los dueños de Normandía y no a los ricos quienes pretenden adueñarse de las tierras.
“Un llamado a todas las cooperativas del país a estar alerta y no seguir permitiendo los desalojos. En este momento muchos ricos quieren expropiarlos de sus tierras. Normandía ha sufrido diferentes procesos judiciales, algunos han salido favorable a las personas que quieren despojarlos de sus tierras”, sostuvo Urrutia.
La cooperativa Normandía está en el cantón Cruzadilla de San Juan, municipio de Jiquilisco, Usulután, se constituyó luego que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) le transfiriera 1,372 manzanas de tierra en cumplimiento de la Ley Básica de Reforma Agraria, del 6 de marzo de 1980, tras el golpe de la juventud militar en contra del gobierno del general Carlos Humberto Romero.
En 1996 mediante cuotas, la cooperativa terminó de pagar esas tierras al Estado y ahí mismo le extendieron las escrituras, las cuales de inmediato fueron asentadas en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Pagada la deuda agraria y asentada la escritura de las tierras de la cooperativa, en 1997, la alcaldía de Jiquilisco, Usulután, extendió tres títulos falsos, o “títulos supletorios”, sobre los cuales la cooperativa ha venido defendiéndose durante décadas en los juzgados de Jiquilisco. Con esos tres títulos, pretendían robarle a la cooperativa 847 manzanas de tierra.
La cooperativa ya ganó dos casos, sobre el título falso a nombre de Pedro Regalado y otro a nombre de “Textiles Giulianna”, cuyo dueño es Roberto Bukele Simán. Falta un tercero, a nombre de Elva Josefina Peña viuda de Flores, a quien nadie conoce. En este último caso, los juzgados ya dieron un paso en falso en el año 2019, cuando quisieron obligar a la cooperativa a indemnizar a esa señora con 317,000 dólares por daños y perjuicios.
Como la cooperativa no pagó, el juzgado emitió una orden de embargo de las cuentas bancarias, lo cual ha tenido un efecto demoledor en las finanzas de la cooperativa Normandía.
Actualmente, el caso Normandía pasó al juzgado de primera instancia de Usulután, donde las audiencias se han suspendido y reprogramado, provocando angustia en las 700 familias asociadas y dependientes de la actividad productiva de la cooperativa.
Santos Guevara, representante de Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL), abogó para que esa resolución del próximo lunes sea a favor la Cooperativa Normandía, y termine esa zozobra de ser desalojados de sus tierras que han pagado y están debidamente registradas.
“De lo contrario la Cooperativa Normandía, todas las cooperativas y otras organizaciones nos declaramos en alerta, para seguir apoyando esa lucha, el tema de la tierra en el país siempre ha sido un detonante de la guerra, no es posible que ahora los ricos, quieran venir a quitar la tierra de manera ilegal como siempre lo han hecho”, manifestó.
Rosa Elba Tobías, representante de la Mesa Nacional Contra la Expropiación de Tierras y Desalojo de las Tierras de los Pueblos, enfatizó que la cooperativa ha venido librando una tenaz lucha para resolver de una vez por todas la situación legal y se haga justicia, pues estas familias son las propietarias legítima, legal y natural de las tierras que le fueron entregadas con la Reforma Agraria, promovida por la Junta Revolucionaria de Gobierno, tras el golpe de Estado de la juventud militar.
El pasado martes 27 de junio se llevó a cabo la audiencia, pero la jueza no quiso dar la resolución ese mismo día, dijo que daría su fallo el próximo lunes 3 de julio.
El BRP hizo un llamado al movimiento cooperativo, campesino y popular a dar una contundente respuesta en defensa de la tierra de la Cooperativa Normandía y de todas las amenazas que ciernen sobre asentamientos de campesinos organizados como en Guajoyo y Hacienda San Jerónimo, en Tecoluca, San Vicente;
Además, Isla Tasajera y la comunidad Cuatro Vientos, en San Luis La Herradura, y la cooperativa Escuintla, en el departamento de La Paz; Cooperativa El Bosque, en Santa Tecla; los campesinos del Cantón Loma Larga, La Unión, lugar donde quieren construir el aeropuerto del Pacífico y ciudad Bitcoin.
También, la cooperativa Bendición de Jacob, en el cantón Santa Emilia, Sonsonate; los campesinos de la Finca Argentina, en San Juan Opico; las miles de familias que viven en la línea férrea, y la cooperativa La Labor, en Ahuachapán, entre otras.
