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Oscar López
@Oscar_DCL
Organizaciones sociales pidieron al presidente de la República Nayib Bukele, que en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada que ordene la apertura de los expedientes que contienen información relacionada a hechos sucedidos durante el conflicto armado salvadoreño.
“No necesitamos dar tantas vuelta, una orden del comandante general (de las Fuerzas Armadas) para que se ponga a disposición de la fiscalía, del órgano Judicial, de las víctimas, de los organismos de derechos humanos, la información militar que tiene que ver con graves violaciones a derechos humanos. Esto es una decisión política”, externó David Ortiz, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Ortiz agregó que la orden se habría dado si el comandante general de las Fuerzas Armadas “tuviera interés de ayudar a las víctimas a conocer la verdad, a darles justicia y reparación”, ya que posterior a la orden de abrir los expedientes, las organizaciones sociales junto a instituciones involucradas buscarían los mecanismos para esclarecer cada uno de los casos.
Las organizaciones sociales que apoyan a víctimas de la guerra civil salvadoreña enfatizaron en que, actualmente, se tiene más información sobre la conocida como “Guerra de las 100 horas” con Honduras que de los doce años de conflicto salvadoreño.
“Nos parece que esto atenta contra el derecho de la verdad que tenemos todos los salvadoreños, esperamos que el comandante general de la Fuerza Armada pueda dar la orden para que se aperturen los archivos”, dijo Óscar Pérez, miembro de la Fundación Comunicándonos.
En cuanto a las propuestas presentadas para sustituir a la derogada Ley de Amnistía, las organizaciones consideraron que las iniciativas presentadas por los diputados Rodolfo Parker y Roberto Ángulo tienen como objetivo implementar una nueva amnistía, ya que no pretenden investigar crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Miembros de las organizaciones sociales que trabajan con víctimas del conflicto armado explicaron que cuando la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia, sobre la Ley de Amnistía de 1993, dio paso para que se aplicara una ley aprobada en 1992, lo que es utilizado por los legisladores para pretender dar amnistía a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos, a pesar de que leyes y tratados internacionales establecen que no se pueden eximir de responsabilidad.
“En el lenguaje que tienen los tomadores de decisión que tienen la responsabilidad de aprobar una ley de reconciliación la única palabra que reconocen para legislar es amnistía, se les dice que tienen prohibido emitir una nueva amnistía amplia, absoluta e incondicional y siguen por artilugios jurídicos tratando de dar amnistía vía lista, vía creación de una ley, prohibiendo a jueces establecer determinadas medidas cautelares, dando amnistía en el tema de responsabilidad civil; el único concepto que manejan los diputados que están trabajando este proceso es amnistía”, concluyó el representante de FESPAD.
