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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“ Raquel Caballero, nadie está sobre la Ley”, gritaban a una voz un grupo de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos que llegaron a la sede de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para exigir que dicha entidad realice una auditoría a la gestión de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
William Hernández, representante de la Asociación Entre Amigos, organismo defensor de los derechos de la población LGBTI, afirmó que la base de la solicitud es que la gestión de Raquel Caballero ha sido señalada, principalmente porque no ha sido una persona idónea para ostentar la institución del Ministerio Público.
“En diferentes publicaciones de diversos medios de comunicación ha trascendido públicamente que se le efectúan señalamientos de una deficiente administración, despidos injustificados de empleados de la institución que preside, nepotismo, y la más reciente de sus declaraciones, que ella tiene la potestad de decidir quién es víctima o no de violaciones a los derechos humanos de las actuaciones del Estado”, explicó Hernández.
Desde el año pasado, empleados de la PDDH han denunciado abusos de parte de la procuradora Caballero, principalmente con el despido injustificado de empleados y la contratación de otras personas allegadas a su familia, situación que podría caer en delito. Y es que anteriormente se hizo un examen especial por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en el que se comprobó que la PDDH realizó nombramientos de personal de nuevo ingreso por el Sistema de Ley de Salarios, donde se incumplieron los requisitos legales. Según el examen especial, Raquel Caballero se saltó los procedimientos legales para el nombramiento de personas como colaboradores jurídicos, auxiliar de servicios generales, asistentes, jurídicos, motoristas y citadores jurídicos.
La Corte estableció que la PDDH faltó a las necesidades del personal requerido por las unidades organizativas. Asimismo, la presentación de solicitud escrita de requerimiento de personal al departamento de Recursos Humanos.
Además, no se elaboraron ternas con personas mejor evaluadas en aspectos de ética profesional, políticas de la institución y marco legal.
En otro hecho, el Sindicato de Empleados de la PDDH reiteró el llamado a la Asamblea Legislativa de realizar un proceso de antejuicio contra Raquel Caballero, al considerar que ha sido cuestionada en su desempeño por diferentes organizaciones de la sociedad civil.
“Se hace necesario que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa abra un proceso de evaluación del desempeño e idoneidad de Caballero, que incluya su interpelación y la apertura de un antejuicio que evalúe la pertinencia de su destitución”, explica el escrito presentado por SEPRODEHES.
