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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión pro Memoria Histórica de El Salvador, integrada por diferentes organizaciones de derechos humanos y de víctimas, se pronunció en el marco del Día Mundial de la Justicia Penal, este 17 de julio, que reconoce la importancia de respaldar y defender el sistema de justicia penal internacional.
Miguel Montenegro, director de la CDHES, la madre Sofía, de CODEFAM, Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y Vicente Cuchillas de ASOFEBE , reiteraron su lucha por la justicia, reparación y contra la impunidad en El Salvador.
Citando palabras del exsecretario de la ONU, Kofi Annan: “El establecimiento de la Corte es un don a la esperanza de las nuevas generaciones y un paso gigante en la senda universal de los derechos humanos y del imperio de la ley”, dijo Ovidio Mauricio, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Mauricio González recordó que Annan fue uno de los secretarios de la ONU, en la época de los Acuerdos de Paz y en el periodo de surgimiento de la Corte Penal Internacional.
“En el marco del 25 aniversario de la creación de la Corte Penal, para juzgar graves violaciones a derechos humanos, la comisión de trabajo en derechos humanos Pro Memoria Histórica, recuerda que El Salvador ratificó, mediante el decreto 197, aprobado el 26 de noviembre de 2015, el Estatuto de Roma, que da vida a la Corte Penal Internacional (CPI)”, afirmó.
“Y siendo que publicado un mes después, se convirtió en legislación vigente y positiva en nuestro país”, agregó González.
El referido estatuto fue ratificado en todas sus partes, afirmándose la voluntad del país, respecto a que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, en su conjunto, no deben quedar sin castigo, los culpables deben ser sometidos efectivamente a la acción de la justicia, proscribiendo la impunidad”, añadió González.
Asimismo, la Comisión de Trabajo de Pro Memoria Histórica de El Salvador reafirmó que el Estatuto de Roma fue adoptado por el conjunto de países el 17 de julio de 1998, y que en la “calificación y competencia quedó establecido que juzgará en relación a delitos de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Agresiones, acotó González, al señalar que la CPI podrá juzgar a individuos que han cometido dichas violaciones.
“Como todos sabemos, muchos delitos que se cometen con abusos de poder o por apoyo del poder, como son las torturas, desaparición forzada, muertes, delitos que en muchos casos inician con detenciones ilegales, arbitrarias, utilizando procesos penales indebidos, según el Estatuto de Roma”, reafirmó.
Igualmente, Miguel Montenegro señaló que las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no pueden ser considerados como “asuntos internos de país”, sino que los derechos humanos son universales y no tienen fronteras.
“Por esa razón no es sólo competencia de cada nación, su comisión (violación a derechos humanos) causa una grave afrenta a toda la humanidad, asimismo, estos hechos no son prescriptibles (la acción judicial no se pierde con el tiempo)”, expresó Montenegro, un histórico activista de los derechos humanos en El Salvador.
Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández”, explicó que uno de los fines de esta “jurisdicción penal universal” es la búsqueda de cesar la “repetición de graves violaciones”, a partir que los gobiernos, mandatarios, gente de poder económico o político, que dejen de atentar contra la población y violentar sus derechos y libertades fundamentales, para mantener su estatus en sus países.
“Sobre lo expresado hacemos un llamado a los tres órganos del Estado, a que tomen en cuenta lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Tratados Internacionales, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos”, sugirió.
“La jurisdicción universal, tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, y los Convenios de Ginebra con sus protocolos. Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos jurídicos” deben ser asumidos en El Salvador, reiteró González.
La Comisión pro Memoria Histórica de El Salvador, que la integran estas organizaciones históricas de defensa de derechos humanos y de víctimas, llamaron también a los funcionarios de los tres órganos del Estado a que revisen “sus actuaciones y si estas son acordes con la vigencia de los derechos humanos”, así como, reflexionar si sus acciones generan “complicidad” o son autores de graves de violaciones de derechos humanos.
