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Redacción Nacionales
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Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa, en especial a quienes integran la Comisión Política, que el proceso de elección del fiscal general de la República para el período 2025-2028, sea de acuerdo con la norma constitucional y los estándares internacionales.
“Conscientes de que el proceso de elección del fiscal general de la República es fundamental para el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en El Salvador, pedimos que esta sea transparente y aplique el criterio de máxima publicidad, se tenga la debida exposición y deliberación de los candidatos”, indicaron.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Asociación Juvenil El Progreso, Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA) y Consorcio Observa El Salvador pidieron que la persona elegida para el cargo de fiscal general, debe ser independiente e imparcial en la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, en la persecución del delito y en garantizarles a las víctimas el goce de sus derechos con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, la integridad y la vida de las personas.
Las organizaciones reiteraron que, para el nombramiento en el cargo de fiscal general, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano han establecido los estándares de mérito, honestidad, transparencia, no basarse en favores políticos, independencia demostrada y autonomía.
Entre los estándares para excluir candidaturas está, haber criminalizado a personas defensoras de derechos humanos, tener señalamientos por violaciones a estos derechos, atentar contra el sistema democrático y mantener vínculos con otros poderes.
El Proyecto Justicia Mundial señala que El Salvador ocupa el lugar 140 de 142 países en el índice de justicia penal, y 30 de 32 países en Latinoamérica y El Caribe, este declive se ha observado en particular desde el año 2021 a la fecha, por lo que la elección del titular de la FGR reviste especial importancia para revertir esta situación a fin de recuperar la confianza y seguridad jurídica, tanto para nacionales y extranjeros.
Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del estado de derecho y constituye el mecanismo convencional, para reparar agravios y emprender acciones hacia individuos que cometen delitos contra la sociedad. La posición ocupada por El Salvador refleja un declive en los últimos años, situación que no favorece el alcance de una justicia penal efectiva.
