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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Debido a la situación de vulnerabilidad a la que está expuesta toda persona que defiende, protege y promueve los derechos humanos, diferentes organizaciones de la sociedad civil pidieron, a la Asamblea Legislativa, se apruebe la ley que les reconozca y proteja en su labor.
Eduardo García, director de Asociación Pro-Búsqueda, señaló que en el país las personas defensoras de derechos humanos siempre han estado desprotegidas y son víctimas de constantes ataques, difamaciones y persecuciones por ejercer su labor, por lo cual, es necesario que en la Asamblea Legislativa se apruebe una ley que les garantice un ambiente seguro y libre de violencia para desarrollar su trabajo.
“En el país no ha existido un avance en materia de derechos humanos que no haya sido propiciado por personas de la sociedad civil y líderes comunales, quienes siempre han estado desprotegidos, es por eso que el 6 de septiembre de 2018 se presentó la ley de personas defensoras de derechos humanos”, agregó García. Asimismo, manifestó que el proyecto de ley fue presentado a la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde ya se dieron jornadas de acercamiento con los diputados, además, se cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, a través de los relatores internacionales.
Mientras tanto, Miguel Lasfuentes, representante de la Fundación MUNDUBAT, dijo que las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a intereses, a una cultura que no apoya los cambios y a situaciones de injusticia, lo cual repercute en agresiones físicas, verbales y hasta asesinatos.
“Los defensores de derechos humanos están desprotegidos, olvidados y a veces perseguidos. En el país se han dado violaciones, menosprecio y estigmatización en contra de las personas defensoras que defienden los derechos humanos”, sostuvo Lasfuentes. Las organizaciones sociales hicieron un llamado a los diputados para que estudien el anteproyecto de ley, y sea sometido a votación con dictamen favorable de la comisión y con celeridad sea aprobada por el pleno legislativo.
El anteproyecto contempla nueve capítulos en los que se destacan los mecanismos nacionales de protección para las personas defensoras de derechos humanos y las medidas de protección.
