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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A fin de que la Ley de Recurso Hídrico presentada el viernes pasado por el Ejecutivo, sea discutida y analizada previo a su aprobación, las organizaciones de la sociedad pidieron que la comisión Ad Hoc en la Asamblea Legislativa sea integrada por diputados de todas las fracciones de los partidos políticos, y que el anteproyecto sea consultado con todos los sectores, especialmente, la academia, iglesias y movimientos populares.
El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro mostró su preocupación por el anuncio de conformar una comisión Ad hoc en la Asamblea Legislativa, encargada de la normativa, lo cual le restaría credibilidad al proceso, porque podrían tratar de excluir algunos diputados que cuestionen ciertos aspectos; además, ya existe la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que bien puede llevar a cabo esa tarea.
“Es preocupante que no han entregado un documento de la propuesta de ley para estarlo estudiando, no traten de hacerle creer a la población que lo anterior era malo y ellos son los buenos, si el Gobierno actual está formado por la gente de antes y conste, que no con los mejores elementos. Si quieren darle credibilidad al proceso también deberían detener la destrucción de Valle El Ángel”, afirmó Navarro.
Mientras tanto, el Foro Nacional de Salud pidió a los diputados que la Ley del agua no sea aprobada mediante dispensa de trámite o durante horas de la madrugada, a espaldas del pueblo salvadoreño, sino hacer una amplia consulta del proyecto tanto del Ejecutivo como la iniciativa ciudadana, donde participen los sectores del movimiento popular involucrados históricamente en la defensa del recurso hídrico.
Asimismo, la ley aprobada debe incluir los cinco puntos no negociables para que en efecto sea una normativa la cual garantice el derecho humano al agua, estos son: el reconocimiento del agua como un bien público, la ratificación del derecho humano al agua y el saneamiento, gestión pública con participación efectiva de la sociedad, una ley con enfoque de cuenca, régimen económico, justo y equitativo.
“Llama la atención que esta propuesta del Ejecutivo sea presentada un día y hora poco usual, donde la mayoría de la población está pensando en ir a descansar o salir a disfrutar de su merecido tiempo de ocio; esperamos que esta forma improvisada de actuar no oculte otras intenciones que afecten negativamente al pueblo”, reiteró el Foro Nacional de la Salud.
También, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua se mostró de acuerdo con aprobar pronto una Ley de Aguas, pero que se garantice la discusión con todos los sectores, específicamente quienes durante más de quince años han exigido por el recurso hídrico; asimismo, pidió que en la normativa el agua sea declarada como un derecho humano y bien público, que contenga el enfoque de cuencas, un régimen económico justo y con participación de la sociedad, a fin de garantizar que en efecto la ley no sea privatizadora.
“El escenario que pinta el Gobierno y la bancada mayoritaria y oficialista nunca ha brindado muchas señales de que cambie la constante renuencia a escuchar a la población, pues las diputadas Marcela Pineda y Suecy Callejas han dicho públicamente que apoyaran únicamente la propuesta del Gobierno y no la ciudadana y sustentable, y aunque reiteren que la ley se aprobara en 90 días, consideramos que es una promesa de poco fiar”, externó la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
Asimismo, exigió que haya completa transparencia para conocer la propuesta de Ley del Ejecutivo y su discusión, para evitar que esta sea aprobada y discutida a puerta cerrada, como ha sucedido en legislaciones anteriores; su discusión no debe ser a la ligera, sino tomarse el tiempo necesario para formar una ley consensuada, en beneficio de las grandes mayorías y que garantice la protección de los ecosistemas.
El anteproyecto de Ley del Gobierno fue entregado la noche del pasado viernes al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López; el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, y el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta. De acuerdo al Ejecutivo, este anteproyecto de ley garantiza que el agua sea un bien administrado por el Estado y quita toda idea o intención de privatización.
