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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Organizaciones ambientalistas exigieron a los Estados de la región reconocer que los “bienes naturales son sujetos de derecho”, por lo que demandan promover la conservación de los territorios y biodiversidad en especial en las comunidades rurales y Pueblos Indígenas.
“Expresamos nuestra preocupación por las múltiples afectaciones que a lo largo de los años hemos estado sufriendo las comunidades y territorios, que derivan del modelo de desarrollo impuesto que acapara los bienes indispensables como el agua, tierra y bosques”, dijo Cindy Celedón, de la Red por la Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG).
Las organizaciones CEIBA, REDSAG, RedCAT y REMAN El Salvador, realizan un Encuentro Centroamericano: Principales Problemáticas y Demandas desde los Territorios Centroamericanos, que contó con la participación de representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Denunciamos el incumplimiento y ausencia de legislación, sanciones y restricciones dentro de nuestros países, lo que permite establecer sin limitaciones a las empresas transnacionales que acaparan nuestros bienes naturales”, afirmó.
“A esto se suma que los sistemas de justicia en El Salvador, Guatemala y Honduras, no atienden oportunamente las denuncias presentadas por las comunidades debido a las violaciones y afectaciones a nuestros derechos”, señaló Celedón.
Asimismo, expresaron que es de mucha preocupación para los pueblos centroamericanos, la reciente aprobación del “Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismo Vivos Modificados para Usos Agropecuarios”, que expresó Celedón, pone en “grave riesgo” la biodiversidad de Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que no sólo permite su comercialización o su uso.
Este reglamento que da vida el marco de la “unión aduanera”, de los tres países, le permite también a estas corporaciones la libertad de experimentar e investigar las semillas originarias en los territorios sin ninguna consulta previa o salvaguardas a las comunidades por estos ecosistemas.
Amenaza minera al agua y la soberanía alimentaria
Guillermo Navarro, de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador, señaló, que este encuentro les ha permitido abordar diversos temas que están generando incertidumbre entre las comunidades como la preservación del recurso hídrico, que concluyen se encuentra más escaso y contaminado.
“El Salvador tiene la característica que es agua dependiente, nuestros principales ríos no nacen en el territorio, estos nacen en Honduras o Guatemala, y con la amenaza de la minería entre nuestros países, pues el río Lempa tiene una fuerte amenaza como la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala”, indicó.
“De operar esta mina serían 8 toneladas diarias de cianuro (despega el oro de la roca) que se van a utilizar en esa actividad económica y que irá a parar al río Lempa, y aún no sabemos qué impacto tendría para El Salvador y sus consecuencias”, añadió Navarro.
En cuanto a la soberanía alimentaria, Navarro comentó la significativa pérdida de autonomía en específico de los Pueblos Originarios, a contar son las semillas nativas, características de toda la región.
“Hay un debate en donde se ha afirmado que la semilla es patrimonio de los pueblos, y que no debe ser manipulada por las grandes corporaciones que quieren tener el control de las semillas desde un enfoque de negocio y no por preservar la biodiversidad o garantizar la soberanía alimentaria”, manifestó.
Criminalización de las personas defensoras en la región
Para Glendis Solano, el aumento de la criminalización de líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos, por parte de las empresas y los Estados, están generando los conflictos sociales en los territorios.
A lo que suman la vulneración de los derechos humanos de las personas defensoras en procesos arbitrarios, utilizando el sistema justicia para acallar las voces de denuncia y demandas.
“Estamos recuperando formas organizativas de nuestros propios territorios así como de Honduras, Guatemala y El Salvador, para integrarlos todos en la lucha social desde cada territorio y promover acciones de protección para nuestros bienes naturales y comunidades”, argumentó.
“Creo, desde los pueblos y desde las comunidades existe un trabajo que se está articulando para organizarnos con el fin de mejorar también las prácticas a nivel comunitario”, dijo Solano.
La base de la organización de la comunidad, consideró Solano, podrá ser apoyo para “evitar la implementación de estos proyectos, como la experiencia de El Salvador y la minería en donde la fuerza y la unión impidieron que la transnacional entrara fácil al territorio”.
Estados deben reconocer como sujetos de derecho al agua y la tierra
Rafael Jiménez, de la Asamblea Departamental en Defensa del Territorio de Huehuetenango Guatemala (ADHG), alegó que los gobiernos de la región deben “respetar las decisiones de los pueblos y comunidades”, así como, una evaluación a profundidad sobre los permisos que otorgan a las corporaciones que introducen semillas transgénicas y que amenaza la seguridad alimentaria de los pueblos.
“Exigimos al Estado de Guatemala la pronta aprobación de la iniciativa de la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales (6086), para garantizar el buen vivir de familias y comunidades”, solicitó.
“Demandamos el cese de cualquier actividad económica que vulnere el derecho humano al agua de las diversas comunidades de nuestros países, en especial rechazamos la minería e hidroeléctricas transfronterizas que son fuente de corrupción, persecución y criminalización de personas defensoras”, reiteró Jiménez.
Sobre las denuncias y demandas desatendidas por los gobiernos locales y nacionales en la región, Jiménez, enfatizó que las autoridades están en la obligación de generar espacios para garantizar los derechos de los pueblos a la salud, el agua potable y un ambiente sano.
“A los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, demandamos el inicio de diálogos para poder suscribir un Tratado sobre Aguas Transfronterizas. Y como organizaciones ponemos a disposición nuestra propuesta de Tratado con una visión de manejo sustentable e integral para cuencas compartidas”, aseguró.
“Pedimos también a la Comunidad Internacional que garantice la debida diligencia, ya que muchos de los productos que se exportan y consumen como el azúcar, la palma de aceite y la energía eléctrica son producidos a costa de serias violaciones a los derechos humanos de las familias y comunidades”, puntualizó Jiménez.
