Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Condenamos el Golpe de Estado y nos declaramos en lucha contra el régimen dictatorial de Bukele”, dijo Idalia Zúniga, del Frente Social y Sindical, y del Bloque Nacional de Resistencia, que integran diversas organizaciones populares que defienden derechos humanos de la población, que se pronunciaron ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos frente a la Sala de lo Constitucional para denunciar que por órdenes del presidente Nayib Bukele, al partido Nuevas Ideas y sus aliados de derecha en la Asamblea Legislativa ejecutaron un Golpe de Estado contra el Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, al destituirlos ilegalmente y elegir a sus sustitutos también de forma ilegal”, afirmó Zúniga.
En su pronunciamiento señalaron el abuso que llevó al rompimiento del marco constitucional, que consideraron de gravedad y que ha generado una crisis política que se habían superado desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, que puso fin a un conflicto armado interno.
“Los y las diputadas que dieron el Golpe de Estado contra la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, desconociendo la sentencia de la misma Sala, que anula el acto porque viola el principio de independencia de poderes y la forma democrática, representativa y republicana de gobierno. Además, Bukele abusa del poder al instrumentalizar a la Policía Nacional Civil, para amenazar a los funcionarios destituidos y forzarlos a renunciar”, sentenció.
Asimismo, María Orellana, del MPR-12, afirmó que el control total del poder del Estado evidencia un futuro dictatorial desde la actual administración y que al criminalizar a la sociedad civil organizada, solo puede llevar a la confrontación social, un retroceso ante las luchas de las décadas de los años setenta y ochenta, que desmontaron a los gobiernos de corte autoritario.
“Aquí se ha atentado contra la Constitución y la Libertad de Expresión, aquí se difama y se reprime a los opositores con mentiras que es su arma esencial de su política. El clan Bukele quiere controlar por la fuerza todos los órganos del Estado y generar impunidad en los casos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico. También acrecentar su riqueza y disputarle el poder económico, las familias de la oligarquía que controlan al partido ARENA”, sostuvo.
El Bloque Nacional de Resistencia señaló también la gravedad que implicaran los “despidos masivos”, que iniciaron el pasado 1o de mayo en los gobiernos locales y que posiblemente se extiendan a la Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República y toda institución que tomen bajo su mando, y por esto, el interés del Gobierno del presidente Bukele, de contar con instituciones de denuncia, justicia y demandas, afines a su mandato.
“¿Con los despidos masivos a dónde vamos a interponer nuestras demandas? Sabemos que tenemos reivindicaciones como el salario mínimo, pensiones, la ley de agua y otras problemáticas y esto nos causa gran preocupación. Ya empezaron los despidos en las alcaldías como la de San Salvador, en donde se les giró un memorándum que tenían que presentar la renuncia, para no pagar las indemnizaciones por los despidos; para esto querían concentrar el poder para excluirnos cuando busquemos presentar nuestros recursos exigiendo justicia”, sostuvo Marisela Ramírez, integrante de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña.
En cuanto al Movimiento de Trabajadores Despedidos del Órgano Ejecutivo, Salomón Alfaro reseñó que estas prácticas ejecutadas por el presidente Nayib Bukele, como los despidos masivos ilegales, porque no respetaron los procesos del cese de una plaza, dejó a 8,000 trabajadores y sus familias sin ingresos económicos, y señaló que se vienen más despidos.
“Condenamos el Golpe de Estado, promovido por el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa del partido Nuevas Ideas y sus satélites GANA, PDC y PCN, quienes de manera ilegal destituyeron a los funcionarios. No estamos defendiendo personas, sino las normas y procedimientos establecidos por la Constitución”, reiteraron los manifestantes.
“Que en contubernios ahogó a los gobiernos municipales al negarles el FODES, secuestró al Instituto de Acceso a la Información Pública, se ha negado a rendir cuentas de los fondos públicos y mantiene un ataque constante con algunos medios de comunicación y periodistas”, dijo Alfaro.
El Movimiento de los Trabajadores Despedidos del Órgano Ejecutivo, demandaron el respeto y dieron apoyo al actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, que consideraron es el “próximo de la lista” de los abusos de la nueva Asamblea Legislativa y del Gobierno. “Sabemos que todos aquellos funcionarios que no están de acuerdo, o que son contraproducentes para el presidente, van para afuera. Y denunciamos a los pseudo sindicalistas que están siguiendo las órdenes del presidente Bukele, pretenden dejar en manos del oficialismo la única instancia que se encuentra luchando por la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña”, puntualizó.
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