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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el contexto del 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil nacionales y de la diáspora expresaron su preocupación por el deterioro del respeto a los Derechos Humanos por parte del Estado salvadoreño.
En cambio, respaldan a las comunidades organizadas y defensoras de derechos humanos que luchan para reivindicar los derechos conquistados por el pueblo y que ahora enfrentan campañas de odio y desprestigio por parte del actual gobierno, liderado por Nayib Bukele. En un pronunciamiento público, las organizaciones manifestaron estar en alerta por la crisis de derechos humanos que ha provocado el Régimen de Excepción en El Salvador con más de 60,000 personas capturadas, entre ellos muchos que no han cometido delito alguno, los cuales son tratados en condiciones inhumanas en los centros penales. Eso ha generado que se documente por lo menos noventa fallecidos sin que el Gobierno de Bukele responda a sus familias por las causas de su muerte.
“Nos preocupa y somos conscientes de que se han modificado las leyes y ahora una persona tendrá que estar detenida hasta más de un año en muchos casos para tener una audiencia, es decir, que, aunque sea inocente permanecerá más de un año en prisión mientras se compruebe si es culpable o inocente. Son preocupantes las graves denuncias de torturas en centros penales, remontando a la sociedad salvadoreña a la época oscura de la guerra”, señaló el pronunciamiento. Sobre las familias de las personas capturadas también son víctimas de una forma de tortura, ya que al no saber nada de sus familiares encarcelados les generan secuelas físicas y psicológicas de la cual el Estado es responsable.
En este contexto, las organizaciones destacaron que cada persona goza de las siguientes garantías consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras: “de no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”; “tener derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”, y que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.
También, en el pronunciamiento denunciaron el “resurgimiento” de la persecución política a opositoras y opositores, lo que representa un retroceso en materia de Derechos Humanos y una violación a los Acuerdos de Paz firmados en 1992. “Muchas personas han denunciado que ante la falta de procesos judiciales transparentes han tenido que verse forzados al exilio”, señalaron.
Respecto a los desalojos que se llevan a cabo de poblaciones completas, como el caso de la Isla Tasajera, en donde muchas familias están siendo despojadas de sus tierras que han tenido toda la vida, para beneficiar a terratenientes de la zona, “violentando gravemente el derecho fundamental a la vivienda para poder asegurar ‘un nivel de vida adecuada’ como establece la Declaración”. También, existen amenazas sobre despojo de tierras en las zonas donde vive gente a la orilla de la línea férrea para beneficiar la construcción del “Tren del Pacífico”, generando incertidumbre en la población.
Ante las violaciones de Derechos Humanos y el constante irrespeto a la Constitución y las leyes del país, las organizaciones hicieron un llamado al gobierno del presidente Bukele a respetar la normativa legal salvadoreña, que cesen las campañas de odio y desprestigio contra los defensores y defensoras de derechos humanos y las personas que ejercen sus derecho a la libertad de expresión.
