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Gabriela Sandoval
Saúl Méndez
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Diferentes organizaciones sociales presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal sobre las capturas “arbitrarias” de líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. En el escrito se solicitó una investigación por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, por posibles delitos de “actos arbitrarios” e “incumplimiento de deberes”.
“Fueron sacados de sus hogares de forma engañosa, no existiendo una captura y una orden que puedan haberles mostrado a las personas”, mencionó Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
Los veteranos fueron capturados entre el 30 y el 31 de mayo por “planificar atentados con explosivos en varios puntos del país”, según señaló la PNC a través de su cuenta de X. El supuesto atentado coincidiría con la toma de posesión de la presidencia de Nayib Bukele el 1 de junio. Sin embargo, las organizaciones sociales aseguraron que las detenciones son “arbitrarias e ilegales”.
“En ningún momento a estas personas se les informó que tenían una orden de captura, no fueron ni escuchadas ni leídos sus derechos previos a una captura con un procedimiento legal que debe seguirse (…) este tipo de delitos fueron cometidos por los agentes policiales y, por lo tanto, su representante, el señor Mauricio Arriaza Chicas”, afirmó Cruz.
Cruz manifestó que en las primeras horas de las capturas se dieron en “calidad de desaparecidos”. Posteriormente, lo calificó como “tortura”, debido a que los primeros días se obstaculizó la entrega de medicamentos y tratamientos necesarios para las enfermedades crónicas que padecen varios de los detenidos.
Por su parte, Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia Popular (BRP), afirmó que seguirán “desarrollando distintas actividades en el sentido de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas que fueron capturadas de manera arbitraria”. “Hacemos un llamado al pueblo salvadoreño a organizarse y enfrentar este tipo de medidas arbitrarias que desde hace bastante tiempo ha venido tomando el gobierno para tratar de callar a las voces que estamos señalando los graves retrocesos en materia democrática, social y económica que vive nuestro país”, señaló Ramírez.
De la misma manera, Sonia Urrutia, vocera del BRP, enfatizó que se está lanzando toda una campaña de denuncias a escala nacional por “la grave persecución que se está dando a las organizaciones y a los defensores de derechos humanos”.
“El llamado es a la comunidad a solidarizarse con estas capturas arbitrarias que hoy por hoy están siendo cometidas por una institución como la PNC que procede a secuestrar a estas personas”, dijo.
Finalmente, Rafael Paz, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, hizo un llamado a todo el gremio de abogados a “tomar cartas en el asunto y que exijan que se corrija la forma en que se están realizando los procesos legales”.
“Están utilizando al aparato judicial salvadoreño para incriminar y estar en contra del movimiento social, en contra de los sectores populares que demandan sus legítimos derechos. Por ello, exigimos la libertad de todos los compañeros”, concluyó
