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Gloria Silvia Orellana
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“La importancia de la vida democrática y la convivencia a partir del respeto de los derechos humanos son las razones primordiales del Examen Periódico Universal (EPU)”, explicó, Juan Carlos Sánchez del DPLF.
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana y Organizaciones que trabajan Temas de Seguridad, EPU IV Ciclo República de EL Salvador, presentó a la sociedad civil y organizaciones comunitarias un resumen de las distintas problemáticas y retrocesos en materia de derechos humanos que vive el país, así como recomendaciones y alternativas para el cese de estas prácticas por parte del Estado de El Salvador.
“En términos generales podemos decir que el Examen Periódico Universal (EPU) es una revisión que cada cuatro años se hace a todos los países que forman parte de las Naciones Unidas (ONU), los 193 países que lo conforman”, señaló.
Todos los países se someten a esta revisión general, que tiene la característica principal de ser un -mecanismo subgeneris-, es decir, no se realiza a través de instancias especializadas, grupos de expertos o comités, sino que, es una revisión horizontal entre países que pueden emitir recomendaciones de Estado a Estado.
“El Salvador se encuentra a punto de ser evaluado en la Audiencia y esto va a suceder en Ginebra, Suiza, el 20 de enero de 2025, allí, en esa audiencia los países interesados conocerán tres fuentes informativas para evaluar la situación de El Salvador”, agregó.
“El Estado de El Salvador presentará su informe oficial, y deberán tener presente las recomendaciones anteriores que el Estado ha ido recibiendo de diferentes mecanismos de la ONU. La sociedad civil presentará su Informe Alternativo y los países integrantes del EPU, que están evaluando al país”, añadió Sánchez.
El informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil, que presentarán ante el EPU, tiene el propósito de enfatizar sobre temas más sensibles y graves que enfrenta la población y que deben ser atendidos por el gobierno salvadoreño.
Sánchez, agregó que los informes fueron ordenados por temáticas como : Seguridad y estado de excepción; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; justicia transicional y memoria histórica; personas defensoras de derechos humanos; niñez y adolescencia, derechos de personas LGBTIQ y educación superior.
Seguridad, una situación compleja
El Estado de El Salvador tiene la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, alegó, en su intervención Gabriela Santos, del IDHUCA, al señalar la situación compleja en el país en materia de seguridad y el estado de excepción. En este marco, Santos dijo que más de 20 mil militares apoyan tareas de seguridad ciudadana a la Policía Nacional Civil (PNC).
“La implementación del estado de excepción por 31 meses, que suspende garantías constitucionales acompañado de una serie de reformas legales contrarias a estándares internacionales, ha provocado la detención de más 82 mil personas y saturado el sistema penitenciario”, dijo la defensora de los Derechos Humanos
Santos agregó que la tasa actual de privados de libertad es de 1, 700 personas privadas por cada cien mil habitantes, la tasa más alta a escala mundial, lo que ha generado que el 2.5% de la población adulta se encuentre en prisión.
Lo anterior también ha provocado 6 mil denuncias de violaciones a derechos humanos por las detenciones arbitrarias e ilegales, la falta al debido proceso, tortura, malos tratos, crueles e inhumanos, a lo que suman las 313 muertes bajo custodia del Estado.
“Sobre la problemática de los derechos humanos en El Salvador, sabemos que la situación es bastante compleja, pues hay retrocesos profundos en general sobre derechos humanos y, por tanto, los hemos presentado por temáticas y les hemos hecho algunas recomendaciones”, afirmó Santos.
“En el tema de seguridad, dijo, hemos recomendado respetar desde las Reglas Mandela (principios de respeto a la dignidad humana y la prohibición de la tortura y penas crueles) de las personas privadas de libertad, hasta lograr la derogatoria de aquellas leyes, que son regresivas”.
En cuanto a la “justicia transicional”, la directora del IDHUCA señaló que la recomendación principal es la aprobación de la Ley de Justicia Transicional, la cual es una “deuda del Estado”. Y la segunda es que el Estado salvadoreño garantice la independencia e imparcialidad de los jueces y operadores de justicia en general.
“Todo lo que estamos hablando en retrocesos en el país tienen a la base la falta de independencia, la falta de imparcialidad y que los órganos no están haciendo su labor de control. Sin estos presupuestos no hay ninguna garantía para poder cumplir ningún derecho ni en seguridad en general”, expresó.
“Si las instituciones no generan o no realizan su labor constitucional o legal, vamos a estar siempre en esta situación en donde los derechos se están irrespetando de una manera cotidiana”, aseveró Santos.
Personas Defensoras frente a discursos hostiles
Alejandra Burgos, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, señaló que la presidencia de Nayib Bukele se caracteriza por “discursos hostiles y prácticas amenazantes a personas y organizaciones defensoras de derecho humanos”, a quienes les atribuye ser “cómplices de las pandillas”, o de tener intereses ilegítimos.
“Hay un clima de mayor hostilidad política, de criminalización y campañas de desprestigio contra organizaciones que defienden derechos humanos, vemos como hay un uso de las instituciones para atacar a las organizaciones, y como se mantiene un índice de discriminación basado en género contra las personas defensoras y eso lo tenemos documentado ampliamente”, expresó.
Sólo entre el 2020 a 2022, la Red de Defensoras ha documentado 1, 176 agresiones, ataques a personas defensoras de derechos laborales y otras criminalizadas bajo el régimen de excepción.
Asimismo, tiene el registro de las detenciones arbitrarias de personas defensoras o familiares de estas, lo que se ha convertido en tendencia como el caso de Santa Marta, en donde 5 ambientalistas continúan enfrentando este proceso de criminalización y los periodistas que sólo en 3 años contabilizan 498 agresiones, según la APES), explicó Burgos.
Sobre las recomendaciones, comentó, que el Estado de El Salvador debe eliminar, investigar y sancionar los discursos y acciones estatales, y de actores no estatales que deslegitiman y desacreditan la labor de las personas defensoras y de periodistas, en especial las que tienen contenido misógino y reparar por los daños causados.
Derecho a la Educación superior
En la presentación del informe alternativo ante la EPU, el rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, denunció que las reformas legales a Ley de Educación Superior y Ley Orgánica de la UES son una “clara amenaza a la autonomía universitaria y la libertad académica”.
El “aparato comunicacional estatal” está produciendo discursos negativos que desprestigian y estigmatizan al Centro de Estudios Superiores, dijo el rector.
“El caso de la propuesta de educación superior, que fue presentada a la Asamblea Legislativa, hay efectos negativos a los intereses de la Universidad de El Salvador, y principalmente a su autonomía, dijo. “Nosotros enviamos correspondencia para una audiencia en la comisión (legislativa) correspondiente, pero no hubo eco en la petición de la UES, pero seguiremos trabajando en la formulación de este documento”, sostuvo el rector Rosa.
Estos siete informes se presentarán ante el EPU, el próximo 20 de enero, además de exponer y analizar la situación de derechos humanos con datos y testimonios de las víctimas.
Las organizaciones esperan que las recomendaciones que han incluido sean retomadas por el Estado de El Salvador.
