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La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua consideró que la política hídrica actual es «débil”, frente a los intereses del modelo económico salvadoreño, que califican de altamente extractivista y privatizador.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Ley General de Minería este próximo 24 de marzo, en la Corte Suprema de Justicia”, dijo Luis González, ambientalista de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
La demanda se centra en la violencia hacia el derecho humano al agua de la población salvadoreña, tomando en cuenta la situación ecosistémica del país, agregó González.
En el Día Mundial del Agua, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, realizó un pronunciamiento sobre la situación del recurso hídrico nacional y las diversas problemáticas que le impactan, a fin de garantizar este derecho humano reconocido por la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH), desde el 2021 y por la ONU desde 1993.
Para el ambientalista, todo tipo de “políticas públicas” debe estar enlazada con la Ley de Medio Ambiente, a fin de propiciar “estudios ambientales” sobre los impactos que podrían generar algunos proyectos urbanísticos, agroindustriales e industria extractiva en el territorio nacional.
“Esto daría un plano más claro de la situación que enfrentarían los ecosistemas y los pobladores del área. Y es que realmente el territorio es frágil en varios indicadores como el acceso al agua, en calidad y cantidad, como la cobertura vegetal o bosques, porque somos un país muy deforestado”, alegó.
“Somos de los países más propensos a impactos del cambio climático, tenemos territorios propensos a derrumbes, altamente sísmico y volcánico. Que entre un 87% a 90’% de este territorio es vulnerable y un 95% de la población vive en riesgo de sufrir cualquier tipo de incidente vinculado a ese nivel de vulnerabilidad”, explicó González.
Modelo económico versus derechos humanos
El ambientalista señaló que era “lamentable” que los “intereses económicos estén por encima de los derechos de la población”, que demandan el acceso al agua, la alimentación y la seguridad en el marco de la gestión de riesgos del país.
“Es por esto que tenemos la aprobación de una Ley General de Minería Metálica porque lo que pesa es el bienestar económico y no el de la población, cuando sin duda, sería mantener un equilibrio justo, que si hay una urbanización, tenemos que saber si esa obra va a generar menos agua, más contaminación, más impactos en bienes naturales y la salud de la población, es como dicen ¿Qué vale más el agua o el oro?, así de simple”, dijo.
“Nos tildan que queremos vivir en las cavernas, pero no es así, hablamos de equilibrio, valorar si el país puede soportar ese impacto o no, esto se logra con estudios y evaluaciones técnico científicas. Y la mejor forma de tratar el tema ambiental es la participación informada de la población en el nivel que corresponde, pero si nos quitan la participación y la información ¿Cómo podremos hacer la adecuada gestión ambiental?”, reiteró González.
Día Mundial del Agua sin nada que celebrar
Verónica Guerra señaló que desde las organizaciones que integran a la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, han estado realizando análisis, informes y movilizaciones en torno al derecho humano de acceso al agua y su saneamiento de la población salvadoreña con énfasis en las comunidades vulnerables que aún viven dificultades para obtener ese beneficio.
Guerra sostuvo que la Ley General de Recursos Hídricos es un cuerpo legal que tiene dejos de “privatización” que sólo está generando “ventajas a quienes se lucran con el agua”, y otros sectores que despojan de este bien natural a las comunidades.
“Tenemos prueba de la cantidad de permisos concedidos a la industria que rondan los 18, 731 Sistema de Información Hídrica (SIHI), de la Autoridad Salvadoreña del Agua, frente a 598 Juntas de Agua, registradas de un total de 2.325 sistemas autoabastecidos, según catastro publicado por ANDA y la cooperación española (2016), datos del SIHI 2025”, afirmó.
“Otra herramienta que revela las verdaderas intenciones de la política pública frente al acceso al agua es el Censo Nacional de Población y Vivienda (2024), según resultados publicados en octubre del año pasado, cerca del 50% de la población está en inseguridad hídrica y al menos el 21.69%, no tiene ninguna garantía de acceso al agua, por lo que va a pozos, fuentes o la compra”, reseñó Guerra.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua consideró que la política hídrica actual es «débil”, frente a los intereses del modelo económico salvadoreño, que califican de altamente extractivista y privatizador .
“Es importante para esta administración seguir ordeñando los fondos públicos a punta de endeudamiento y maquillar las cifras macroeconómicas a fin de seguir siendo sujeto de créditos, y no la inversión para resolver la injusticia hídrica y muchos menos preservar la infraestructura que produce agua para uso humano como los ecosistemas de las cuencas hidrográficas”, expresó.
“Justo después de anunciar el financiamiento que compromete al Estado a restaurar y preservar el río Lempa, el presidente (Nayib Bukele) derogó la Ley de Prohibición de Minería Metálica, condenando al Lempa a morir por contaminación ya que las tierras de interés minero se localizan sobre la cuenca alta de los departamentos de Chalatenango y Cabañas”, sostuvo Guerra.
La población sigue teniendo sed
La activista de la Alianza, Amalia López, afirmó que les intranquiliza que el gobierno siga “vendiendo la Ley General de Recursos Hídricos como un logro e hito histórico” , frente a la realidad de la situación hídrica del país, que quedó en evidencia en el Examen Periódico Universal (EPU), luego de la evaluación que realizaron otros Estados a El Salvador.
“Han felicitado al gobierno de El Salvador por esta ley (LGRH), pero cuestionaron ¿Cómo hace para solventar la justicia hídrica?, o sea, garantizar el derecho humano de acceso al agua y saneamiento, ya que tenían conocimiento de comunidades que siguen quejándose que no tienen acceso al agua”, comentó.
“Esta ley no ha cambiado nada -eso lo advertimos-, desde su aprobación y a casi tres años de su implementación la gente sigue teniendo sed. Estamos frente a un modelo económico que exacerba justamente esta crisis hídrica porque apoya y promueve inversiones extremadamente extractivistas, eso está a la base del proyecto político de su modelo económico”, expresó López.
Juntas de Agua y la ASA
López opinó que las “Juntas de Agua Comunitarias” son las más grandes afectadas en la implementación de la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH), y la falta de mecanismos de la Autoridad Salvadoreña del Agua, para inscribirse por el uso del agua que hacen para abastecer a poblaciones rurales o vulnerables que no cuentan con un servicio de agua domiciliaria y alcantarillado.
“La ASA no ha podido habilitar un proceso a las Juntas de Agua, para poder regularizarse, para su inscripción por el servicio que prestan, es decir, no hay atención a las juntas de agua en territorio y los funcionarios son pocos que no dan cobertura necesaria y menos una respuesta para la gente”, manifestó.
“Así que, como Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, seguiremos realizando estas observaciones, haciendo análisis y acompañando a las poblaciones en cuanto a exigir su acceso al agua potable y saneamiento que son derechos humanos, y que el Estado salvadoreño no ha sido capaz de cumplir o garantizar. Y, por supuesto, decimos un no rotundo a la minería en el país”, puntualizó López.
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