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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Luis González, del Equipo Coordinador de la UNES, señaló en el Balance Ambiental, que en “El Salvador tenemos una grave crisis ambiental y climática”, que está impactando a las comunidades y generando mayor vulnerabilidad a sus medios de vida.
“Sabemos que el 2021 ha sido complicado, pues el 2020 fue de pandemia y se ha tratado de regresar a la normalidad, pero el actuar gubernamental no ha tomado la dimensión que tiene la crisis ambiental y muestra de esto es que no tenemos una ley general de aguas, porque lo discutido hasta el momento (comisión Adhoc) es una ley privatizadora y hemos visto retrocesos en implementación de políticas públicas”, reseñó González.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), y las organizaciones territoriales Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), realizaron una evaluación del año 2021, en materia de derechos ambientales.
González reiteró como preocupante la pérdida de mecanismos de fiscalización social como: el acceso a la información pública (IAIP), la casi nula participación social y justicia ambiental. Que se reflejan en las reformas al Código de Salud, que permitirá a los inversionistas la creación de lotificaciones o urbanizaciones sin ningún control del impacto a la salud de la población.
Así como, la Ley Bitcoin, que plantea la posibilidad de realizar minería de criptoactivos, que vendrían a generar Gases de Efecto Invernadero (GEI) que aumenta los efectos del Cambio Climático. Y el aviso desde la Asamblea Legislativa de la creación de una nueva Dirección de Energía Minas e Hidrocarburos, que puede potenciar la minería sin evaluar los impactos a los ecosistemas. “Esa ley que puede hacer express las expropiaciones de tierras, puede poner en riesgo los bienes ambientales, si consideran (el gobierno) que un área protegida o bosque de manglar se pueda edificar un centro turístico hotelero, o cualquier proyecto que consideren de beneficio de los tomadores de decisión”, agregó. “En ese sentido es preocupante que en El Salvador no haya avances ambientales y como los indicadores de acceso y calidad del agua han disminuido el impacto del Cambio Climático, pérdida de biodiversidad o bosques, todo esto se ha dado por la incapacidad del Estado de hacer auténtica vigilancia y monitoreo de los bienes ambientales”, subrayó González.
En cuanto a la situación de los territorios, Andrea Padilla, especialista en Género y Ecofeminismo de la UNES, compartió la situación de la zona Sur de Ahuachapán en donde trabajan con el colectivo MESAMA, que articula a 20 organizaciones comunitarias de cuatro municipios quienes vienen experimentando la crisis ambiental.
“Hablamos de la zona costera en donde es preocupante el cambio de uso de suelo para el monocultivo de la caña de azúcar que ha implicado en este año y anteriores la deforestación desmedidas -incluso- de las Áreas Protegidas, que implica la desaparición de especies y amenazada toda la biodiversidad”, enfatizó.
“La práctica de la quema (rastrojos) esto vulnera el ecosistema de forma constante y vulnera directamente los derechos humanos de la población circundante, porque afecta sus medios de vida y su salud. En esa zona son alarmantes los casos de insuficiencia renal y el establecimiento de basureros ilegales una realidad más frecuente en donde no hay presencia de autoridades locales ni nacional para evitar estas prácticas”, expresó Padilla.
La profundización de la crisis ecológica, señaló Alejandro Labrador, técnico de la UNES, que junto a la MESUTSO de Sonsonate vienen trabajando el tema ambiental, afirmó que esta situación tiene su vinculación en la justicia hídrica y el acceso a la justicia ambiental en el territorio.
“Hay un manejo oscuro del aparato público y un manejo antojadizo de los recursos que deberían servir para beneficiar a la población, que son elementos que nos hacen concluir que en El Salvador, realmente en los territorios de las comunidades en lugar de avanzar en derechos ambientales y bienes finitos como el agua, sea todo lo contrario y la cereza del pastel es la ley de agua privatizadora, un escenario atroz para las presentes y futuras generaciones”, argumentó.
También se refirió a los conflictos en Sonsonatel, como el Caso de Tachuscalco y la destrucción del Patrimonio Cultural y ambiental, así como el intento de construir la 8va represa hidroeléctrica en el río Sensunapan, que dejaría a las comunidades indígenas sin acceso al agua.
“Todo esto se mantiene de manera impune de las obras que están haciendo en los territorios y las implicaciones en la salud y el medio ambiente que esto lleva, como la urbanización en el sitio arqueológico que implica la contaminación del río Ceniza, que tiene vertidos de la Central de Izalco y Penal de Izalco”.
“La cuenca del Sensunapán en general ya tiene un nivel alto en estrés hídrico, que es catalogado como única en el país. Es una zona riquísima en agua, pero extraen más de lo que puede dar. Y cuando la oferta que hacen es de extraer 30 mil metros al año. Realmente, extraen más de 50 mil metros cúbicos, entonces, es una disparidad en lo que puede ofrecer el recurso natural y lo que se está extrayendo, eso lleva a un estés hídrico que complica la situación”, aseveró Labrador.
Por lo que exigieron al órgano Legislativo la aprobación de una Ley General de Agua, retomando los elementos propuestos por las organizaciones ambientales (5 puntos no negociables) y otras leyes pendientes relacionadas al medio ambiente.
Mientras, piden al órgano Ejecutivo cesar el otorgamiento de permisos ambientales a grandes proyectos que dañan los ecosistemas y la población. Y fortalecer el Presupuesto General de la Nación, para contar con posibilidades reales e integrales para abordar la crisis ecológica. Y al órgano Judicial dar cumplimiento a las resoluciones de los Tribunales Ambientales y garantizar la protección de bienes naturales ante posibles degradaciones.
