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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La impunidad no es una ley, es una imposición”, dijo David Ortiz de FESPAD, al señalar que a tres años de la derogación de la Ley de Amnistía (2016), la institucionalidad estatal no ha podido dar “verdad, justicia y reparación a las víctimas”, lo que deja al país con bajos estándares en materia de derechos humanos.
Representantes de FESPAD, CRISTOSAL, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Universidad de El Salvador (UES), CEMUJER, Concertación Monseñor Romero El Salvador, Fundación Comunicándonos, Pro Búsqueda, ASDEHU, AVISCAES, presentaron una solicitud para una reunión con el fiscal general Raúl Melara Morán, en seguimiento a las investigaciones de crímenes del conflicto armado.
Para el abogado Ortiz, el fiscal general tiene un gran compromiso para romper la impunidad histórica, que ha prevalecido a lo largo de las administraciones del ente fiscal, en materia de derechos humanos.
“Necesitamos que el fiscal Melara de un respaldo político, de un respaldo jurídico determinante a la investigación y juzgamiento de los casos documentados por la Comisión de la Verdad, con las más de 165 denuncias que tiene la fiscalía, y así darle por fin a estas víctimas que tienen años y décadas buscando conocer quién se llevó a sus hijos, hermanos o padres, y quienes fueron los responsables de eso, esto no se puede eludir”, acotó.
Sobre el número de fiscales al frente de estos casos de crímenes arbitrarios, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, secuestros y masacres de población civil, Ortiz consideró que lo importante era contar con una “voluntad política” del fiscal Melara Morán.
Mientras, Oscar Pérez de la Fundación Comunicándonos señaló la importancia de dar seguimiento a la Política de Persecusión Penal de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que ocurrieron durante el conflicto armado de los años ochenta. Y el plan de acción con el propósito de investigación, con el que el anterior fiscal se comprometió.
“Nos interesa saber de los más de 165 casos denunciados, si los han priorizado, los que se han presentado y necesitamos saber también cuál es el proceso de cara a la investigación y judicialización de estos casos. ¿Cuándo se van a presentar estos casos ante el juez? solo vemos que el caso de la Masacre de El Mozote se ha judicializado, pero hay otro centenar que están esperando que se lleven a la justicia. Y solo la fiscalía es la encargada de esto”, sostuvo.
Los representantes de las organizaciones pro derechos humanos y memoria histórica esperan que el próximo 23 de septiembre reunirse con el fiscal Melara Morán, en la sede del ministerio público e intercambiar sus expectativas y dar certidumbre a los casos presentados.
“Estamos abiertos también a conocer la agenda del señor fiscal Melara, y que la abra para que participemos en la audiencia que solicitamos este día (ayer), o que nos de una fecha que más le convenga”, puntualizó.
