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@arpassv
Las organizaciones sociales, redes y movimientos que integran la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) anunciaron ayer que participarán en la judicialización de varios casos de corrupción a través de un equipo querellante, tal como lo hicieron en el caso del ex presidente Francisco Flores.
“Queremos anunciarle al país y mandarle este aviso a la Fiscalía y al Sistema Judicial”, dijeron en conferencia de prensa representantes de la ASGOJU; y adelantaron que -por cercanía de la prescripción- iniciarían con los casos de FECEPE, INFOCENTROS y “Destinatarios” de las millonarias donaciones de Taiwán.
Las organizaciones aplauden la detención del ex presidente Elías Antonio Saca y sus ex secretarios presidenciales Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes; pues consideran que existen abundantes indicios sobre el cometimiento de los delitos de corrupción que se les imputan: peculado, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, critican al Fiscal General Douglas Meléndez por no judicializar el caso FECEPE que involucra a la ex vicepresidenta y actual diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar y por no presentar avances en casos de evasión tributaria que vinculan a grandes empresarios y a funcionarios como el magistrado de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime.
Las organizaciones también cuestionan que el Fiscal no procesa a los “destinatarios” de los dineros donados por Taiwán y que en el caso de INFOCENTROS no incluya a los ex directivos del BMI, Infocentros y FANTEL.
Es por eso que ASGOJU participará como querellante en estos casos. “La actuación de la Fiscalía y del Sistema Judicial debe ser transparente e imparcial, pareja, sin sesgos políticos y sin la lógica de que unos casos sí hay acciones pero en otros sólo declaraciones”, advierten las organizaciones; y a ese proceso buscan aportar con la querella.
Las organizaciones buscan reeditar la experiencia de participación en el “Caso Flores”, proceso que llegó lejos y sentó un precedente histórico gracias a la labor de los querellantes de las organizaciones ISD y FESPAD. La querella logró que el Juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel García Arguello mandara a fase de sentencia al ex gobernante arenero por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
