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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Miembros de varias organizaciones sociales, que conforman la Alianza contra la Privatización del Agua, entregaron un escrito a la oficina de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en el que solicitan que se incluya a representantes de la sociedad civil, la Iglesia y las universidades en el equipo técnico que analiza el anteproyecto de ley de aguas.
Las organizaciones rechazaron el discurso “engañoso” de los partidos de derecha, representados en la comisión, al jurar públicamente que no se privatizará el agua, pero siguen adelante con el estudio del anteproyecto de Ley Integral del Agua.
“Estas afirmaciones al igual que las del candidato presidencial del partido ARENA Carlos Calleja son una estrategia para desviar la atención de la población, además, la desestimación del anteproyecto de Ley General de Aguas y el reinicio del estudio solo responde a sus intensiones de dilatar la aprobación de la normativa para que no le represente costos políticos a la derecha”, dijo Carlos Flores, miembro del Foro del Agua.
Flores exigió a los diputados de derecha que retiren de la comisión el anteproyecto de Ley Integral del Agua, iniciativa que en las primeras sesiones del grupo de trabajo eligieron como base para el estudio, esto, según el dirigente, para que la población en realidad pueda creer en las afirmaciones de que no se va a privatizar el recurso hídrico.
Las organizaciones sociales también opinaron sobre el artículo 14 que es clave ya que determina la cantidad y tipo de miembros de la Autoridad Nacional de Aguas, organismo que tendrá bajo su tutela la administración del vital líquido en todos los aspectos, que en la Ley Integral del Agua propone una conformación de dos representantes de COMURES, dos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y uno del Gobierno, una integración que da mayoría en la toma de decisiones a los privados.
“Nosotros, como Alianza contra la Privatización del Agua, apoyamos la conformación de la autoridad que propone la Iglesia católica en conjunto con la UCA, organizaciones sociales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual garantiza la gestión pública y la participación vinculante de la sociedad en las decisiones sobre la política del agua, mediante la creación de un ente autónomo con mayoría absoluta del aparato público”, expuso Flores.
Las organizaciones, además, exigieron que el debate sobre la política del recurso hídrico tome como base la propuesta de ley presentada por el Foro del Agua así como los 92 artículos discutidos y aprobados durante la legislatura 2012-2015. También demandaron que se les reciba en la comisión para evacuar dudas y ampliar sobre las respectivas propuestas sobre la administración del vital líquido.
La solicitud fue entregada en las oficinas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que se considere en la sesión de trabajo de ese organismo colegiado correspondiente a esta semana.
