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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos mantiene el espíritu con la que fue presentada en junio pasado por el presidente Nayib Bukele, es decir, una ley que normaliza los mecanismos de despojo que permanecen enquistados en el Estado”, dijo Fátima Peña, vocera de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en reacción a la aprobación de la nueva normativa la noche del martes.
Diversas organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos, academia e iglesias históricas que integran al Foro del Agua El Salvador, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa de las Iglesias y la UCA, reaccionaron con inquietud, a la reciente aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada con la mayoría de votos en horas de la madrugada del partido oficial Nuevas Ideas y aliados.
“Esta ley no resuelve la injusticia que generan los convenios suscritos por la ANDA y empresas constructoras. Porque tal como fue aprobada, no obliga a la ANDA a transparentar estos convenios que han sido inconstitucionales porque han generado escasez a poblaciones empobrecidas”, señaló Peña.
Mientras, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que el “agua no se privatizará”. Fátima Peña cuestionó la asignación de 25 millones de litros de agua diarios que ha concesionado la ANDA a las constructoras de las familias Dueñas y Poma, que van a sus proyectos habitacionales en zonas de recarga hídrica y de alta densidad poblacional como Apopa, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango y San Martín.
La “ANDA debe transparentar los Convenios y las constructoras deben solicitar permisos como el resto de ciudadanos y empresas honestas de este país. Los proyectos urbanísticos tienen finalidad lucrativa, entonces, deben estar al mismo nivel del uso industrial y comercial”, afirmó.
“Tampoco resuelve la injusticia generada por la sobre explotación de la agroindustria azucarera, que en la zona marino costera contaminan libremente. Y se amparan en la debilidad institucional histórica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, expoliando los ríos, acuíferos para suministrar el riego de este monocultivo”, sostuvo Peña.
En cuanto a la situación de las Juntas de Agua Rurales y Urbanas, que tendrán que pagar un canon por el “uso del agua” que se enfoca en actividades domésticas, Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señaló que si bien se le reconoce de forma “nominal” (teóricamente) en el contenido de la normativa no crearon la figura de “permiso de abastecimiento” por su vocación sin fines de lucro al prestar un servicio a poblaciones a las que ANDA, no presta ningún servicio.
En consecuencia, las Juntas de Agua, al pagar un canon por la extracción y distribución del agua, tendrán que aumentar la tarifa a sus usuarios al no priorizar en el artículo 63, el abastecimiento a las poblaciones. Que podría generar a mediano plazo un “conflicto” entre el abastecimiento de la población y la industria, que prevén haya peligro que se fortalezca a este último sector.
“No es la ley de agua que esperábamos las organizaciones de la sociedad civil, y los cambios que se hicieron (sesión 15), fueron meramente cosméticos solamente para decirle a los relatores (de la ONU), que si habían atendido las propuestas. Como omitir una parte importante como el saneamiento que existen estándares internacionales pero no lo retomaron”, explicó.
“Al final tenemos una ley de aguas, que garantiza que la tramitología será exprés para las empresas; que siguen teniendo 15 o hasta 30 años para explotar los bienes hídricos a costa de los derechos de la población salvadoreña. Esta ley no resuelve la crisis hídrica y mucho menos la reconoce y esto es grave”, sentenció Amaya.
No obstante, los representantes de las organizaciones no descartan que en busca de fortalecer su imagen populista el presidente Nayib Bukele haga observaciones a la ley, que le entregará la Asamblea Legislativa, con respecto a liberar de pago de cánones a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas, con el único fin de mantener adeptos.
Carlos Flores, activista del Foro del Agua, lamentó que la ley aprobada favorezca a “los mismos de siempre”, al mencionar que será el gran empresariado que ha venido contaminando el recurso natural y que ha llevado a la actual crisis hídrica que vive el país, podrán seguir usurpándola para sus propios beneficios de lucro.
“Hay temas en la ley de los cuales no podemos dar opinión como los cánones, porque en la fórmula presentada faltan parámetros para saber el manejo de los precios. Creo que toda la fórmula debió ser reglamentaria porque sin duda hay elementos que variarán como el ecosistema, la cuenca o la cantidad de lluvias o no, no hay información suficiente”, argumentó.
A lo anterior sumó otra desigualdad que viven las juntas de agua rurales que con dificultad en el pago de la cuenta eléctrica para el bombeo de extracción del agua, que con la nueva ley estarían “cargándole el uso del agua”, lo que consideró Flores, una violación a sus derechos porque el Estado debería estar analizando como van a subsidiarlas.
“Han dicho que entre 0.03 y 0.20 centavos de dólar van a pagar las Juntas de Agua, cuando hay empresas que deberían pagar un dólar por el metro cúbico y territorios en donde se debería pagar más. Esta ley les sirve para que las cosas no cambien”, agregó.
“Nos preocupa que las Juntas de Agua rurales y urbano marginales vayan a pagar, porque este es el problema de esa ley … que enmarca un sistema de injusticia, porque nuevamente tiene un enfoque de regresividad en donde el pobre paga la cuenta”, puntualizó Flores.
