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@luisponcebe
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, manifestó su rechazo público contra la tentativa creación de una nueva ley, que ellos consideran de amnistía encubierta, pues aunque su nombre es “Ley de Reconciliación Nacional”, no se ha abierto la participación a las víctimas, además de querer ser aprobada en un tiempo intempestivo antes que finalice la actual gestión presidencial, y favorece a los victimarios.
David Morales, representante de Cristosal, manifestó que como organizaciones que han trabajado con víctimas del conflicto, están rechazando, “esta nueva tentativa de una ley de impunidad, que se le está llamando Ley de Reconciliación, pero que está anulando completamente la justicia, lo que la convierte en una ley de amnistía de facto, encubierta”.
“Queremos rechazar la irregularidad de esta nueva etapa del procedimiento legislativo. Se superó una etapa llena de irregularidades por la Comisión Ad Hoc y para nuestra sorpresa la Comisión Política, en lugar de enmendar el camino y actuar conforme a la constitución y a la ley, está actuando bajo la modalidad de encerronas, madrugones, cierre de coberturas a la prensa en sus debates y generando opacidad sobre su documento de trabajo”, agregó.
Morales, denunció que se está fraguando un nuevo pacto de impunidad, con algunas medidas de reparación que han tardado cuarenta años en dárselas a las víctimas, a cambio de liberar de responsabilidad a criminales de guerra y criminales de lesa humanidad, que perpetuaron las peores atrocidades durante el conflicto armado, fueran del bando que fueran.
Las organizaciones presentes exigieron a la Asamblea Legislativa, que no apruebe este proyecto de ley, que tildan de impunidad, precipitadamente, pues dicen que cualquier ley que no haya contemplado un mecanismo de consulta amplio y nacional, a las víctimas y sus representantes, es un proceso espurio, inconstitucional, violatorio de tratados internacionales. Además, sostienen que los diputados no pueden aprobar leyes a espaldas de las víctimas, pues así lo ordenó ya la Sala de lo Constitucional hace dos años.
Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre de El Mozote, dijo que como víctimas y familiares de estas “queremos pedirle a los diputados y diputadas, y al señor Presidente también, que no aprueben esa ley porque es violatoria para las víctimas, porque es hacernos de lado a las víctimas. Cuando quieran hacer otra ley, que nos tomen en cuenta”. Márquez, recordó la lucha que en el caso de El Mozote han tenido que librar durante estos años. “Hemos luchado tanto, nos ha tocado ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que haya justicia para estas masacres, y que hoy nos salgan con eso, no vale la pena”, remarcó.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
Rafael Segura, miembro del Comité de Víctimas y Familiares, del Conflicto Armado, manifestó que esta propuesta atenta contra las víctimas, porque es una ley blanda que favorece a los victimarios. Esta idea es apoyada por José Vigil, representante de las víctimas de El Mozote, quien considera que están frente a un proyecto de encubrimiento para los victimarios y no a favor de las víctimas.
“Nosotros hemos exigido siempre justicia, verdad y reparación” aseveró; también, hace el llamado a que aprueben leyes a favor de las mayorías, no a favor de las minorías, en este caso el grupo responsable de los episodios violentos contra población civil en el conflicto.
Eduardo García, director de Probúsqueda, respaldó la denuncia de no haber sido consultados para este proyecto. “Nos han pedido opinión solo y exclusivamente de la sentencia de constitucionalidad y de lo que nos parecía, en contrapartida las organizaciones que nos hicimos presentes les dijimos -desconocemos esta comisión, no son representativos porque tienen conflicto de intereses-. Mientras no sea de forma participativa, la consulta no sirve. No hemos participado en este articulado y desconocemos esa propuesta porque es lasciva para las víctimas”, dijo.
Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer el documento final, por parte de la Comisión Legislativa, que analiza el tema. Morales, expresó que según el documento que se ha dado a conocer en redes sociales es propuesta que “anula la justicia, que establece penas risibles, que anula hasta la detención provisional y las medidas cautelares, que son tradicionales en cualquier proceso penal”, además: “exigimos al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que si llega a consumarse este pacto de impunidad en una nueva ley de amnistía encubierta, no sancione y vete ese decreto por inconstitucional y violatorio de los derechos humanos”.
En esa misma línea, Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador, instó a que un elemento trascendental en este tipo de legislación es la inclusión de garantías de no repetición. Recordó que el año pasado en julio se solicitó a la Presidencia una disculpa pública, por las violaciones cometidas contra estudiantes del alma mater, así como la apertura de los archivos militares, sin embargo fue denegada.
Las organizaciones pidieron al Presidente que “se ponga la mano en la consciencia y pueda abrir los archivos de la Fuerza Armada”, para conocer la verdad pues Márquez, remarcó que “hay personas que todavía quieren tapar el sol con un dedo, y esto no es posible, Ya está mundialmente reconocidas estas masacres y en algunas por temor aún no dan su testimonio”.
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