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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Más de 60 organizaciones de El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y más, han rechazado la reforma a la Constitución de la República para que una sola legislatura pueda modificar la Carta Magna. Un hecho inconstitucional en todos los sentidos, según diversos sectores del espectro político.
Las organizaciones afirmaron que, en Centroamérica, el autoritarismo es una “amenaza constante” para algunos de los países y para otros es, de forma lamentable, una realidad.
En ese sentido, las organizaciones sostuvieron que los autoritarismos de nueva generación, como el consolidado en Nicaragua y el que se instala a “paso acelerado en El Salvador”, son una alarma, porque recuerda que la democracia y los derechos conquistados “se defienden todos los días”.
En este sentido, las organizaciones firmantes expresan su preocupación y rechazo a la “precipitada” reforma a la Constitución aprobada este lunes por la Asamblea Legislativa de El Salvador, en su última sesión plenaria de la legislatura 2021-2024.
Lo anterior, se suma a una serie de acciones antidemocráticas tales como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la legislatura saliente, la aprobación de la reelección inmediata a través de una ilegal sentencia por la Sala de lo Constitucional a fin a Nuevas Ideas, un proceso electoral “altamente cuestionado, opaco y por consiguiente carente de integridad”.
Así como los cientos de detenciones arbitrarias, muertes y torturas denunciadas en el marco del régimen de excepción, expusieron las organizaciones.
La reforma fue al artículo 248 de la Constitución de la República para establecer que “para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial”, es decir, una sola legislatura.
“La reciente decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña vulnera uno de los pilares de la democracia: el diálogo ciudadano y profundiza más la desigualdad en una región que aún enfrenta profundos problemas de violencia, migración y pobreza”, plantearon las organizaciones en su comunicado recibido en esta redacción.
Algunas de estas organizaciones son: Cristosal, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, South Texas Human Rights Center (Centro de Derechos Humanos Del Sur de Texas), Estados Unidos), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (México) entre muchas otras.
“Como organizaciones que defienden los derechos, consideramos que una reforma a la Constitución debe ser discutida ampliamente por toda la sociedad y no aprobarse en una plenaria con dispensa de trámite. Hacerlo de esa forma viola la esencia de una Asamblea Legislativa como órgano deliberante, donde el debate público debe primar sobre las imposiciones de un gobierno, de un partido político, o un presidente”, agregaron las organizaciones
La reforma a la Cn. se aprobó en un par de horas luego de haberse ingresado como pieza de correspondencia; sin embargo, analistas sostienen que el artículo 248 forma parte de cláusulas pétreas, es decir, forma parte de esos artículos que no se pueden reformar, al menos no por una Asamblea Legislativa, si no, solo por una Constituyente.
“El artículo 248 que se reformó de la Constitución salvadoreña es parte esencial de las llamadas ́cláusulas pétreas, es decir aquellas que no pueden ser modificadas. Sin embargo, con su reforma, los diputados se agencian un nuevo poder: manipular la Constitución en una sola legislatura quitándole el poder a la ciudadanía a decidir con su voto”, añadió el comunicado de las organizaciones.
La jurisprudencia señala que, para emitir reformas constitucionales, primero debe haber una elección de por medio, para que la población este sabedora que reformarán la Carta Magna.
“Esta acumulación de poder deja a los salvadoreños sin defensa ante abusos por parte del Estado y a expensas de las decisiones de un partido político”, puntualizaron las organizaciones.
El partido político en cuestión es Nuevas Ideas, que desde el 2021 ha dominado el poder y ha aprobado lo que el Gobierno les ha pedido. Ahora y hasta 2027, el instituto político tendrá los derechos constitucionales de los salvadoreños en sus manos.
“Nos solidarizamos y elevamos nuestra voz para reafirmar que, como región, debemos estar unidos en la protección de nuestros valores democráticos y nuestras Constituciones, así como en la promoción de la libertad, la justicia y la igualdad para todos. El pasado nos ha brindado lecciones de los costos humanos que tiene la concentración de poder”, concluyeron las organizaciones.
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